La diputada provincial Ayelén Rasquetti, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para modificar la normativa vigente y permitir que los municipios de la provincia de Buenos Aires otorguen permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, con el objetivo de aprovechar terrenos ociosos y generar nuevos recursos para las comunas. 

 
En la actualidad, la Ley 10.342 habilita a los municipios a ceder en uso las franjas linderas a las vías, pero excluye expresamente las banquinas, espacios reservados para seguridad vial. Así, la iniciativa busca eliminar esa restricción e incluirlas dentro de los terrenos que pueden ser cedidos, siempre con autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. 
 
Además, el proyecto de la legisladora massista contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación para controlar el uso de estos espacios. 
 
“La exclusión actual de las banquinas genera una doble problemática que resulta imperiosa corregir”, sostuvo, añadiendo que “por un lado, el desperdicio de miles de hectáreas lineales de suelo fértil que permanecen en total abandono; por el otro, la pérdida de una fuente legítima de recaudación para los municipios”. 

Rasquetti argumentó que el aprovechamiento regulado de estas áreas podría destinarse a producciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, forestación, parquización o la instalación controlada de servicios.  
 
En tal sentido, explicó que “la ociosidad de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá a los municipios percibir recursos directos, dinamizar el empleo local y fortalecer las finanzas comunales en un contexto que exige mayor recaudación autónoma”. 
 
En referencia al polémico aspecto de la seguridad vial, la diputada aclaró que la propuesta no busca descuidar este aspecto, que definió como “prioridad absoluta”. Por el contrario, el registro deberá articular con Vialidad y los organismos de seguridad vial para determinar, mediante dictámenes técnicos, qué sectores son aptos. “Se resguardarán rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores”, aseguró. 
 
Por último, propuso que los fondos obtenidos por los permisos tengan una asignación específica: financiar obras de infraestructura comunitaria, el mantenimiento de redes viales locales y políticas de seguridad ciudadana. “De esta forma se cierra un círculo virtuoso de beneficio directo para los vecinos”, concluyó.