El concejal de Potencia, doctor Gabriel Petruccelli, presentó un proyecto de Comunicación -que ya fue aprobado en comisión- mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre la implementación y aplicación de la normativa vinculada al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) en el ámbito municipal. 

La iniciativa surge a partir de la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 172/24 y de la Ley Provincial Nº 13.074, junto con sus modificaciones posteriores, que establecen mecanismos destinados a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y a restringir determinados beneficios o trámites a quienes registren incumplimientos. 

Entre los fundamentos del proyecto, el edil destaca que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante facultó al Ejecutivo a incorporar la exigencia del Certificado de Libre Deuda Alimentaria para diversos trámites municipales, permisos, licencias, beneficios y registros locales. 

Asimismo, recuerda que la reciente Ley Provincial Nº 15.520 amplió el alcance del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, incorporando nuevas obligaciones para organismos provinciales y municipales en materia de designaciones, contrataciones, licencias y vínculos con proveedores del Estado. 

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con las licencias de conducir. Petruccelli solicita conocer si el Municipio aplica lo dispuesto en el artículo 5 inciso d) de la Ley Provincial Nº 13.074, que establece la necesidad de requerir el correspondiente informe del RDAM al momento de solicitar o renovar una licencia de conducir. 

El proyecto sostiene que el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias constituye una herramienta fundamental para garantizar derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes, razón por la cual considera necesario verificar que la normativa vigente se esté aplicando correctamente. 

A través de la propuesta, el concejal solicita además que el Ejecutivo informe si la Ordenanza Nº 172/24 fue reglamentada y se encuentra plenamente operativa, cuáles son los trámites municipales en los que actualmente se exige el Certificado de Libre Deuda Alimentaria y qué áreas municipales intervienen en los controles y verificaciones correspondientes. 

También pide detalles sobre la existencia de resoluciones internas, actos administrativos, instructivos o mecanismos de articulación con organismos provinciales y judiciales destinados a garantizar la implementación efectiva de la normativa. 

Según se señala en los considerandos, corresponde al  Concejo Deliberante ejercer funciones de seguimiento institucional respecto de las ordenanzas sancionadas por el propio cuerpo, especialmente cuando se trata de herramientas vinculadas a la protección de derechos de niños y adolescentes.