El concejal de Somos, doctor Gonzalo Scioli, presentó un proyecto de ordenanza para implementar el sistema de "Ficha Limpia" en el ámbito municipal de Balcarce, una iniciativa orientada a fortalecer la transparencia institucional y establecer requisitos de integridad para quienes accedan a cargos políticos dentro de la administración local. 

La propuesta surge, según se expresa en los fundamentos del proyecto, de la necesidad de "articular políticas públicas y legislar con el objeto de inducir buenos gobiernos previniendo y combatiendo la corrupción". 

La iniciativa establece que no podrán ser designadas en determinados cargos municipales aquellas personas que registren condenas en primera o segunda instancia por una serie de delitos considerados graves, especialmente los vinculados a hechos de corrupción, delitos contra la administración pública, violencia de género, femicidio y abuso sexual. 

El proyecto alcanza a secretarios, subsecretarios y directores del Departamento Ejecutivo Municipal, así como también a los secretarios del Concejo Deliberante. 

Entre los argumentos expuestos por Scioli se destaca que la denominada "Ficha Limpia" ya cuenta con antecedentes en distintas jurisdicciones del país. Provincias como Mendoza, Jujuy, Corrientes, Salta y Chubut poseen legislación vigente en la materia, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el debate también forma parte de la agenda legislativa desde hace varios años. 

La propuesta encuentra respaldo, además, en distintos principios constitucionales y tratados internacionales. En ese sentido, se menciona el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la idoneidad como requisito para acceder al empleo público, y el artículo 36, que contempla la inhabilitación para ocupar cargos públicos en casos de delitos dolosos graves contra el Estado que impliquen enriquecimiento ilícito. 

Asimismo, el proyecto cita disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen la posibilidad de reglamentar el acceso a cargos públicos en función de condenas dictadas por jueces competentes en procesos penales. 

En cuanto a los delitos contemplados, la ordenanza incluye aquellos vinculados a la corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública. También incorpora delitos contra el orden económico y financiero, así como femicidio, violencia de género y abuso sexual en todas sus modalidades. 

De aprobarse, Balcarce se sumaría a la tendencia impulsada en distintos puntos del país para establecer mayores estándares de transparencia y ética pública en el acceso a funciones de gobierno. 

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo dentro del Concejo Deliberante, donde deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su tratamiento.