Un informe confidencial al que tuvo acceso y publicó La Vanguardia expone la situación crítica de 218 familias de Balcarce que hoy no pueden obtener la escritura de sus viviendas debido a lo que fuentes municipales describen como un “error administrativo” vinculado a la delimitación de la zona del Matadero Municipal, declarado Monumento Histórico en 2014 por parte de la Nación.

Según el documento, la declaración patrimonial que alcanzó al Matadero —con el objetivo de proteger ese bien cultural— terminó, por equivocación, afectando parcelas pertenecientes a los Barrios Avenida y Procasa. Esas parcelas incluyen viviendas construidas entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuyos ocupantes llevan décadas residiendo en ellas y, sin embargo, no cuentan con la documentación que acredite la plena titularidad.

La Vanguardia consultó a fuentes oficiales municipales que confirmaron que la actual administración inició gestiones ante el Gobierno Nacional —en ese momento presidido por Alberto Fernández— para subsanar la afectación y permitir la regularización dominial de las familias afectadas. No obstante, las gestiones no arrojaron avances concretos hasta la fecha.

“Estamos agotando las instancias administrativas”, informaron las fuentes a este medio. Y añadieron que, una vez cumplidos todos los pasos previstos por la normativa y si no se logra una solución a nivel federal, el Municipio está dispuesto a recurrir a la vía judicial para defender los derechos de los vecinos y conseguir que se les otorguen las escrituras de sus casas.

Impacto social y legal

Para las 218 familias implicadas, la imposibilidad de escriturar no solo representa una barrera para la seguridad jurídica sobre la propiedad: también limita el acceso a créditos hipotecarios, programas de mejoramiento habitacional y otros beneficios que requieren título de propiedad. Además, la incertidumbre prolongada genera tensiones sociales en los barrios afectados, según relatan referentes comunitarios consultados por este diario.

Desde el punto de vista legal, la solución del problema requeriría —según especialistas en derecho administrativo y registral— una rectificación de la delimitación del área protegida o una aclaración expresa que excluya las parcelas particulares alcanzadas por el error. En ausencia de una respuesta administrativa efectiva, la vía judicial suele ser el recurso obligado para dirimir la interpretación de actos administrativos y ordenar correcciones registrales.

Contexto histórico

Los barrios Avenida y Procasa fueron urbanizados a fines de los años ochenta y principios de los noventa. A lo largo de esas tres décadas, las familias construyeron y consolidaron sus hogares sin que, hasta el escándalo administrativo revelado en 2014, existiera controversia sobre la titularidad de las parcelas. La declaración del Matadero Municipal como Monumento Histórico —procedimiento con criterios de preservación patrimonial— terminó por superponer una restricción sobre fracciones de suelo que, según el documento, no debieron haberse incluido.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por La Vanguardia señalaron que la intención del gobierno local es agotar todas las alternativas administrativas antes de judicializar el conflicto, pero que la opción de recurrir a los tribunales permanecerá sobre la mesa si no hay una solución definitiva.