La Fiscalía General reordenó funciones tras detectar un crecimiento de delitos vinculados a drogas; la medida busca reforzar la Unidad Funcional N°16 mientras se acomodan vacantes y recursos.
Poco más de cuatro meses después del último reordenamiento para cubrir cargos vacantes, la Fiscalía General dispuso una nueva rotación de funcionarios orientada a atender las áreas con mayor crecimiento delictivo. La resolución 3/26 establece la asignación transitoria del fiscal Rodolfo Moure a la Fiscalía de Estupefacientes, donde intervendrá en la etapa de instrucción de las investigaciones penales.
Según la misma resolución, Moure cesa en la subrogancia de la Fiscalía de Delitos Culposos pero mantiene sus responsabilidades al frente de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce. En paralelo, el fiscal Pablo Cistoldi quedó acotado a la intervención exclusivamente en la etapa de juicio, lo que busca ordenar las competencias internas entre instrucción y debate.
La medida responde, según la Fiscalía, a “la necesidad de sostener los esfuerzos realizados en la Unidad Funcional N°16, por el crecimiento de delitos vinculados a Estupefacientes”, y a la conveniencia de reforzar dicha dependencia reponiendo un fiscal en cargos que habían quedado pendientes por la salida —y falta de recursos— tras la partida del Dr. Leandro Favaro.
En octubre último, la salida de Favaro y de Juan Pablo Lódola hacia la Cámara de Apelación y Garantías motivó ya un primer ajuste: Luis Ferreyra fue designado para cubrir la subrogancia en la fiscalía de Delitos Económicos, además de mantener su cargo al frente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12. Esos movimientos evidenciaron la presión sobre la planta fiscal para resolver vacantes sin desatender expedientes sensibles.
Fuentes institucionales señalan que el reordenamiento busca priorizar la capacidad operativa en sectores con alza de causas penales —especialmente estupefacientes— hasta tanto se concreten designaciones definitivas o se dispongan recursos adicionales. La asignación de Moure se entiende como una medida transitoria con impacto directo en la instrucción de las causas relacionadas con drogas.
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