Un allanamiento en una vivienda de nuestra ciudad dejó al descubierto una gran cantidad de objetos sustraídos y tres carteras acondicionadas con papel de aluminio, utilizadas presuntamente para inhibir sistemas de seguridad. La moradora, una jubilada de 75 años con un largo historial judicial por robos, fue notificada de una nueva causa por hurto y liberada por decisión judicial.

El operativo se realizó tras el robo de una cartera el 14 de febrero en una zapatería de Rivadavia al 2400, hecho que quedó registrado por las cámaras del local. Las imágenes permitieron identificar a la sospechosa, imputada en numerosas causas similares en Mar del Plata, Tandil y Balcarce.

Con la orden del Juzgado de Garantías N°1, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera allananaron la vivienda ubicada en 21 al 200. En el domicilio secuestraron peluches nuevos, varios desodorantes, ropa interior con etiquetas y las prendas que la mujer llevaba en el momento del último hecho.

Entre los bienes recuperados sobresalieron tres carteras con un revestimiento interno de aluminio, una técnica que bloquea las alarmas comerciales y sugiere un accionar sistemático, según indicaron fuentes policiales.

Peritos oficiales han diagnosticado a la mujer con un Trastorno del Control de los Impulsos, en la modalidad cleptomanía. Los informes sostienen que, si bien comprende la criminalidad de sus actos, carece de la capacidad para dirigir su conducta, lo que motivó en el pasado su sobreseimiento por inimputabilidad.

La fiscal Florencia Salas instruyó la formación de una causa por hurto. No obstante, conforme a los antecedentes médicos y a la evaluación judicial, la mujer fue dejada en libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, decisión que reabre el debate sobre protección de las víctimas y medidas terapéuticas.

 La persona investigada acumula más de 60 procesos penales desde la década de 1990 y es conocida en la región por episodios que van desde robos en iglesias hasta arrebatos en salas teatrales. El caso vuelve a poner en tensión la dupla entre responsabilidad penal y necesidades de tratamiento psiquiátrico.