Gabriel Petruccelli presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno bonaerense y las autoridades de IOMA paguen 215 millones de pesos adeudados al hospital local; advirtió que la falta de cumplimiento pone en riesgo la cobertura médica de cerca de 9.000 afiliados en la ciudad.
El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó anoche en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación dirigido al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en el que solicita la “cancelación urgente” de una deuda de 215 millones de pesos que, según el texto, mantiene la obra social con el Hospital Municipal Felipe A. Fossati.
En su iniciativa, Petruccelli subraya la magnitud del impacto local: en la ciudad existen alrededor de 9.000 afiliados a IOMA cuyos servicios y continuidad asistencial podrían verse afectados si persiste la falta de pago. “La deuda acumulada compromete la operatividad del hospital y la calidad de la atención que reciben los vecinos”, sostiene uno de los fundamentos del proyecto.
El proyecto exige a las autoridades competentes el diseño e implementación de un plan de pago inmediato que permita regularizar la situación financiera del hospital. Petruccelli reclama además que IOMA actualice los valores de las prestaciones que brinda el centro hospitalario a sus afiliados, con el fin de que los montos remuneratorios reflejen los costos reales y eviten nuevos desfasajes.
Entre los puntos destacados de la comunicación figura una petición explícita: que las autoridades provinciales “prioricen la salud de los ciudadanos de Balcarce por sobre cualquier ajuste financiero, garantizando la calidad y seguridad en la atención médica y en la provisión de medicamentos esenciales”.
Según expone la iniciativa, la mora en los pagos por parte de IOMA no solo genera tensiones en la caja del hospital —implicando dificultades para pagar insumos, servicios y salarios en tiempo y forma— sino que también abre el riesgo de interrumpir prestaciones básicas para afiliados. Cuando una obra social acumula deudas importantes con provisiones de salud, la presión sobre los establecimientos se traslada en cadena: reducción de compras, demoras en tratamientos y, en casos extremos, limitación de prestaciones.
Petruccelli enfatizó que la situación no es únicamente administrativa sino de salud pública local, y reclama medidas que aseguren la continuidad asistencial sin que los usuarios deban asumir reducciones en la cobertura o demoras en los procedimientos programados.
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