Un hecho poco habitual y de alto impacto social ocurrió en Balcarce a comienzos de esta semana, cuando una denuncia por violencia de género derivó en una investigación penal por presunto suministro de estupefacientes a menores.

El lunes, según fuentes judiciales consultadas por La Vanguardia, una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja —padre de sus cinco hijos— por violencia de género. Al pedir una orden de restricción de acercamiento por hechos ocurridos el domingo, la denunciante manifestó que su ex pareja la drogaba y expresó su temor de que lo mismo ocurriera con los menores en el entorno familiar.

Aunque la primera medida correspondió al Juzgado de Paz, la Fiscalía Descentralizada -al tomar el caso- ordenó trasladar a los cinco niños al Hospital Municipal para realizar pruebas toxicológicas. Los menores, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 11 años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre, según los informes médicos.

Con esos informes, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención de la pareja denunciada. Fuentes judiciales aclararon que el hombre contaba con una condena anterior. Tras la orden judicial, se allanó la vivienda familiar y en el procedimiento se secuestró cocaína; no se difundió la cantidad. Peritos policiales informaron además haber encontrado restos de clorhidrato de cocaína sobre una mesada del domicilio.

La persona detenida declaró ante la Fiscalía, negó haber “jamás drogado a mis hijos” y manifestó que la madre tendría problemas psiquiátricos. A pesar de su defensa, continuará detenido en el Penal de Batán mientras la investigación sigue su curso.

Los cinco niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño. Por ahora, resta esclarecer de qué manera y por quién fueron suministradas las sustancias a los menores; esa es una de las líneas centrales de la pesquisa.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito con una pena prevista de entre 6 y 20 años de prisión. La Fiscalía espera además los resultados de pericias complementarias y ha solicitado la realización de una Cámara Gesell para los menores que estén en condiciones de declarar en ese formato, herramienta que permite captar testimonios con medidas de protección para la infancia.

En las últimas horas, paralelamente, trascendió que la Fiscalía evaluaría la validación de las pruebas obtenidas en el hospital para descartar posibilidades de falsos positivos en los análisis toxicológicos. Esa confirmación será clave para sostener la imputación por suministro de estupefacientes. Además, hay un elemento clave que es el secuestro de una lata de leche en polvo secuestrada en el domicilio que dio un resultado pericial no concluyente para cocaína que amerita para los investigadores una reconfirmación.  

Cabe señalar que casos de presunto suministro de drogas a menores en el ámbito familiar son excepcionales y generan especial atención judicial y social por el daño potencial e irreversible que implican. Además del proceso penal, estas investigaciones suelen activar dispositivos de protección y asistencia para los niños y para la progenitora denunciante.