Los hechos acontecidos recientemente en Venezuela han dado, de repente, voz a aquellos que durante mucho tiempo callaron, pero lo han hecho sólo en defensa de principios de dudosa aplicación al caso, mientras el pueblo venezolano gritaba, y no precisamente de felicidad.

No hace falta relatar hechos ya conocidos por todos y que, además, en un contexto de guerra irrestricta dentro de esta nueva competencia global que se dirime en el terreno de los proxies, nos colocan no tanto ante un cisne negro, sino ante un rinoceronte gris.

Se ha invocado la violación del principio de autodeterminación de los pueblos y se ha denunciado la injerencia en los asuntos internos de otro Estado, así como el desconocimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Lo hacen quienes, sin embargo, callaron o defendieron ideológicamente un autoritarismo pleno frente a la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Se cita como ejemplo la receptada Doctrina Drago de principios del siglo XX, que sostiene que ningún Estado extranjero tiene derecho a emplear la fuerza militar para cobrar deudas públicas a otro Estado soberano, defendiendo la igualdad soberana y la no intervención. También se menciona el valeroso ejemplo del presidente Hipólito Yrigoyen en 1920, cuando la República Dominicana se encontraba ocupada militarmente por los Estados Unidos y ordenó al crucero 9 de Julio que, al pasar por Santo Domingo, saludara al pabellón dominicano y no al estadounidense, pasando a la historia su afirmación de que “los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos”.

Ahora bien, tengamos en cuenta, en primer lugar, que todos estos preceptos fueron negados y/o anulados al propio pueblo venezolano desde hace décadas por parte de una banda criminal y terrorista que usurpó el Estado. En consecuencia, no puede violarse un principio de autodeterminación que, en los hechos, no existe. La última vez que se intentó ejercer la soberanía popular, en julio de 2024, los resultados fueron directamente desconocidos de manera flagrante, consolidándose así un Estado militar-partidario, narco-criminal y terrorista, que eliminó la separación de poderes, persiguió o intervino a los partidos opositores y reprimió toda manifestación contraria al régimen.

El pueblo venezolano, privado de sus derechos humanos fundamentales, tampoco tuvo oportunidad de decidir sobre la injerencia y penetración de otros estados como Cuba en los servicios de inteligencia, la seguridad, la administración pública y el control ciudadano, entre otras áreas estratégicas. Tampoco pudo hacerlo frente a la presencia e intromisión de Irán y su Guardia Revolucionaria, además de permitir la existencia de santuarios y mecanismos de financiamiento para Hezbollah, ni frente al endeudamiento con China, la elusión de sanciones y el tráfico petrolero con Rusia a cambio de apoyo diplomático, o la alianza criminal y terrorista del propio Estado venezolano con organizaciones como las FARC, el ELN o el Tren de Aragua. Por todo ello, no resulta comparable invocar ejemplos históricos de no injerencia en asuntos internos, ya que se parte de premisas y realidades sustancialmente distintas, donde el derecho internacional aplicable resulta por lo menos ilusorio.

Una usurpación del Estado de semejante magnitud no sólo implicó la privación ilegítima de la libertad de todo ciudadano que se opusiera al régimen, sino también la tortura y el asesinato, además del éxodo de aproximadamente un tercio de la población: más de nueve millones de personas que literalmente huyeron del país; además de una debacle y contracción económica como nunca aconteció en un país en paz en la historia moderna.  

Por su parte, el accionar de los organismos internacionales, incluso frente a informes y condenas como los presentados por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2019 y 2022, no logró —o no quiso— revertir la realidad imperante, volviendo letra muerta la aplicación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que hoy muchos invocan.

Otros encuentran en la riqueza petrolera del país la extracción violenta de Maduro y su esposa, los motivos de una futura intervención. Tal vez la respuesta más atinada provenga de un manifestante venezolano que celebraba la caída del dictador en las calles de Buenos Aires y se preguntaba: “¿Y ustedes creen que los chinos y los rusos estaban allí por la receta de las arepas?”. Respuesta que interpela a los que hoy cuestionan la acción norteamericana.

Estados Unidos posee autosuficiencia petrolera en su propio territorio, ejerce influencia sobre la producción de crudo en gran parte de Medio Oriente y controla de manera decisiva y efectiva las principales rutas comerciales petroleras del globo. Sin dudas buscará obtener beneficios de la hoy destruida industria petrolera venezolana —como antes lo hicieron Cuba, Rusia e Irán—, pero sería ingenuo circunscribir la reacción tardía de Estados Unidos a este único interés. Nos encontramos ante una nueva disputa geopolítica global, en la que los proxies y las regiones de influencia vuelven a convertirse en terrenos de colisión entre grandes potencias.

El hecho acaecido el 3 de enero no puede analizarse bajo los parámetros jurídicos y políticos normales de un Estado democrático, máxime cuando desde ese territorio se proyectan crimen y terrorismo por parte del propio aparato estatal hacia otros paises. En ese contexto, cualquier principio clásico de soberanía pierde sustento, y el Estado agredido, en un escenario de guerra irrestricta, podría considerarse legitimado para actuar. No es posible, entonces, quedar atrapados en la rigidez del lege data (la ley tal como es).

La salida a este estado de situación —que no surge de un Estado fallido, sino de un Estado usurpado desde hace décadas— debe partir de la restitución inmediata de la soberanía plena al pueblo venezolano para que éste, sin injerencia externa alguna, pueda elegir libremente, sin miedo ni opresión, a sus representantes y recuperar el destino que le fue arrebatado.

Y, ante cualquier duda, basta con preguntarle que piensa a un venezolano; mejor aún, al pueblo venezolano.

Dr. Walter Ianni López