En la última reunión entre representantes del sector agropecuario y el intendente Esteban Reino, junto a funcionarios de seguridad municipal, se discutieron diversas cuestiones relacionadas con la zona rural. Aunque no estaba en la agenda, surgió una preocupación creciente: el posible uso de drones por parte de la delincuencia. Aunque no se han reportado incidentes específicos en Balcarce, las fuentes consultadas por La Vanguardia advierten que este es un tema que merece "un seguimiento especial" a lo largo del tiempo. Asimismo, plantearon la necesidad de comenzar a legislar a nivel local sobre eventuales controles. 

Los drones, que se están integrando progresivamente en la vida cotidiana y profesional, tienen múltiples aplicaciones, pero también pueden comprometer dos principios fundamentales: la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Esta situación se complica tras el anuncio del gobierno nacional en agosto del año pasado, que desreguló el uso de drones de menos de 250 gramos y eliminó las licencias necesarias para operar aparatos de hasta 25 kilos en todo el país. “Esto no implica que cualquier dron en el aire sea sospechoso o esté violando la privacidad de las personas, pero quienes los operan deberían considerar ciertos parámetros”, señalan las fuentes.

Un antecedente relevante ocurrió en 2019, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires desarticuló una banda dedicada a las entraderas. Este grupo, que operaba en La Plata y localidades cercanas, utilizaba un dron para realizar rastreos, una táctica poco convencional que encendió las alarmas en las autoridades.

La normativa vigente permite el uso de drones de hasta 25 kilos en zonas rurales sin necesidad de licencia ni capacitación, facilitando su empleo en diversas actividades productivas. Si bien esta medida busca fomentar su uso en la vigilancia de ganado, labores agrícolas y distribución de suministros, la eliminación de requisitos de licencia y formación abre la puerta a un uso indiscriminado que podría ser aprovechado por delincuentes.

Bajo el nuevo esquema, los drones de menos de 250 gramos pueden volar libremente en todo el país, sin licencias ni autorizaciones. En tanto, los vehículos aéreos no tripulados de hasta 25 kilos ya no requieren licencias en zonas rurales, donde previamente se exigían capacitación y permisos. Además, se han ampliado los centros de instrucción autorizados, rompiendo el monopolio anterior sobre ciertos cursos.

Los especialistas advierten que la desregulación del uso de drones presenta al menos dos aristas. Por un lado, puede fomentar la operación de estos equipos como fuente de ingreso, generación de empleo, desarrollo técnico y seguridad. Por otro, estas libertades facilitan incursiones en áreas donde la privacidad es un derecho fundamental. En este contexto, las regulaciones existentes no logran abarcar todas las variables: desde el tamaño y peso del dron hasta el tipo de uso, la capacitación de los operadores, la transparencia de la información y los planes de vuelo.

Por otro lado, las fuentes consultadas por La Vanguardia enfatizan que, aunque no se han recibido denuncias específicas en Balcarce, es crucial monitorear esta cuestión en un territorio que se extiende por 1.200 kilómetros. Es importante destacar que, aunque los drones suelen tener un costo elevado, son relativamente accesibles para una parte de la población. Muchos usuarios adquieren estos dispositivos, equipados con cámaras 4K y conexión satelital, a través de aplicaciones de compra en línea, ignorando las regulaciones de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Este contexto plantea un desafío significativo para las autoridades en la lucha contra la delincuencia, haciendo imperativa la necesidad de un control más riguroso sobre el uso de drones y su potencial como herramientas de infracción.