El gobierno nacional se encuentra en un nuevo intento por ajustar y reformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentando su propuesta a las entidades que conforman la Mesa de Enlace y el Consejo Directivo del organismo.
El gobierno nacional busca reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con medidas que incluyen el achique de tierras y centros regionales, generando resistencia entre las entidades del agro y sus trabajadores.
El gobierno nacional se encuentra en un nuevo intento por ajustar y reformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentando su propuesta a las entidades que conforman la Mesa de Enlace y el Consejo Directivo del organismo. Este intento de reforma surge tras las derrotas legislativas y judiciales que enfrentó el gobierno en su anterior intento de desmantelar el INTA, plan que incluía la venta de tierras y despidos masivos.
La nueva propuesta contempla el desprendimiento de 42 mil hectáreas, retiros voluntarios y el cierre de varios centros regionales, que pasarían a organizarse en nuevas “macrorregiones”. La resistencia se ha manifestado especialmente entre los trabajadores e investigadores de APINTA. Sin el consenso de las entidades, no se podrán implementar cambios.
Al finalizar la reunión, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, se mostró crítica con el plan oficial, destacando que ahora comienza un proceso de debate interno. Se realizarán reuniones hasta alcanzar un resultado definitivo en abril, buscando un nuevo INTA consensuado entre el gobierno y las entidades del agro.
Sarnari expresó que la reunión fue una instancia de trabajo donde el gobierno presentó “seis o siete puntos” de reestructuración. “Pedimos tiempo para analizar porque hay propuestas que no compartimos y falta información clave”, resumió. Uno de los temas más debatidos fue la reorganización de los centros regionales en un esquema de “macrorregiones”, lo que podría poner en riesgo la territorialidad del INTA.
La presidenta advirtió que no se trata solo de una discusión administrativa, sino de decisiones que involucran a los actores locales. “El diálogo tiene que ser con quienes están en el territorio”, afirmó, criticando la intención del gobierno de avanzar rápidamente.
Otro tema sensible fue el de las tierras. Aunque el plan menciona las 42,000 hectáreas, Sarnari aclaró que no se habló de ventas explícitas, sino de una evaluación para determinar la productividad de las tierras. Desde la Federación Agraria, se realiza un relevamiento que hasta ahora no ha detectado campos improductivos, sino terrenos clave para el desarrollo tecnológico.
Sarnari dejó abierta la discusión sobre el futuro de esos activos, subrayando que no están de acuerdo con la venta, pero que se podría considerar otro uso si alguna tierra no es útil para el INTA. “Eso requiere estudio y tiempo”, concluyó.
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