La presentación judicial, radicada en el Juzgado N°1 de La Plata, acusa a la conducción del IOMA de conformar un entramado de corrupción que habría desviado dinero destinado a prestaciones sanitarias hacia fines políticos. Entre los imputados menciona al gobernador Axel Kicillof, al titular del organismo Homero Giles, y a la empresaria Silvina Fontana, señaladas como “pantallas privadas” utilizadas para triangular fondos públicos.

No se puede permitir que mientras con esa plata se financie a La Cámpora, haya un padre que muera esperando tres meses su medicación”, denunció Mazzeo, quien, en diálogo con Desconfiados aseguró que los casos de desabastecimiento de remedios oncológicos y tratamientos interrumpidos “se cuentan por cientos”.

El abogado penalista calificó al IOMA como “una caja política del oficialismo bonaerense” y describió un mecanismo de triangulación y lavado de fondos a través de entidades privadas vinculadas al poder político. “La plata que debería destinarse a los afiliados termina en campañas y militancia partidaria”, afirmó.

La denuncia incluye los delitos de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, además de un posible lavado de activos. Maceo asegura que existen maniobras “sistemáticas” para ocultar el uso de fondos y eludir los controles del Estado.

“Homero Giles se niega a rendir cuentas ante la Legislatura y Axel Kicillof mira para otro lado. Su inacción es funcional a este esquema”, sostuvo el denunciante, quien advierte que el gobernador podría ser responsable por omisión y encubrimiento.

Según Mazzeo, el sistema de IOMA fue manipulado para restringir la libertad de los afiliados y forzarlos a atenderse en policonsultorios propios del organismo. “El afiliado es cautivo. Miles de estatales y docentes pagan además una prepaga privada porque IOMA no les cubre lo esencial”, indicó.

El denunciante asegura haber recibido denuncias de policías, docentes y personal penitenciario de toda la provincia, todos afectados por la falta de medicamentos y atención. “Me escriben todos los días. El Estado les descuenta el aporte, pero no les devuelve la cobertura. Eso es abandono de persona con plata pública de por medio”, subrayó.

“IOMA le debe al Hospital Garrahan 6.000 millones de pesos. Mientras tanto, la obra social sigue funcionando como una estructura de financiamiento político. Si Kicillof realmente quiere transparencia, que empiece por ahí”, concluyó Mazzeo.

Desde el IOMA, hasta el momento, no hubo respuesta a las consultas realizadas por este medio,frente a la denuncia realizada por Mazzeo.