El gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo contratiempo en la Justicia: un juzgado de Catamarca le ordenó devolver todas las pensiones por invalidez laboral por discapacidad que habían sido dadas de baja en el país.

El Juzgado Federal 2 de esa provincia extendió a toda la Argentina una medida cautelar que se aplicaba al territorio catamarqueño, y ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituya, en un plazo máximo de 24 horas, todas esas pensiones (que son más de 100.000).

También insta al gobierno a abonar todos los haberes retenidos en ese concepto, a abstenerse de suspender otras pensiones y a frenar las auditorías en el área.

La acción de amparo fue elevada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a asociaciones de personas discapacitadas. Se le adjuntaron otras demandas realizadas por organizaciones nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Cabe recordar que en Balcarce, la Dirección de Políticas de Inclusión, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, fue la que convocó a un operativo que concretó la Agencia Nacional de Discapacidad para verificar la situación de los titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas por invalidez laboral y, eventualmente, detectar irregularidades. 

Según datos publicados por La Vanguardia, en la ciudad aproximadamente 870 beneficiarios de este tipo de pensión fueron convocados a confirmar su situación. Sin embargo, los resultados del operativo revelaron que solo 525 personas asistieron a la cita, mientras que 276 se presentaron sin la documentación requerida y 69 beneficiarios no concurrieron, lo que generó preocupación entre las autoridades locales.