La Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense comenzó a debatir un anteproyecto de ley que busca declarar de interés público el “cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y forestal”, lo que generó un fuerte rechazo de productores y legisladores del sector agropecuario.

El proyecto, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), establece que “todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal en el ámbito de la provincia tienen la obligación de aplicar las prácticas necesarias para el cuidado de los suelos aptos en todas aquellas situaciones en que, por el estado actual o la susceptibilidad a la degradación, sea insoslayable para poder usarlos para la producción”.

El profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Alberto Studdert, defendió la iniciativa ante la comisión: “El suelo es un recurso natural finito, limitado y no renovable y nos proporciona el 95% de los alimentos. Entre 1990 y 2015 se perdieron muchas hectáreas a causa de la erosión, lo que derivó en la pérdida de un gran porcentaje de materia orgánica”, señaló.

Tras la difusión del anteproyecto, la Federación Nacional de Productores de Papa y Coninagro expresaron su preocupación, asegurando que la propuesta “no refleja la realidad del campo” y cuestionando que se legisle “sin conocer la realidad de cada región ni consultar a los productores”.

Alfredo Pereyra, presidente de la Federación, afirmó en un encuentro con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez: “Nosotros sabemos cuidar el suelo, lo hacemos todos los días, porque si no, no tendríamos los rindes que hoy tenemos. Los cultivos de papa ocupan apenas el 1% de la superficie de distritos como Azul, Tandil, Balcarce, Lobería, Necochea, General Alvarado y General Pueyrredón, es decir, unas 30.000 hectáreas sobre 3 millones. Es exagerado atribuirles un impacto ambiental significativo”.

El funcionario provincial ratificó su compromiso con la construcción participativa de políticas públicas y enfatizó: “Una ley de este tipo debe ser consensuada por todos los actores involucrados”.

Pereyra reclamó la conformación de una mesa de trabajo que incluya a productores, técnicos e instituciones: “Si hay que hacer algo, que nos inviten a decidir. No se puede tomar una determinación sobre el campo desde un escritorio. No es verdad que nosotros hemos desabastecido la tierra: si antes producíamos 300 bolsas de papa por hectárea y ahora producimos 3.000, realmente hemos mejorado el suelo”.

El dirigente sostuvo que la iniciativa tiene un fin recaudatorio: “Lo triste de esto es que no solo vamos a tener que pagar, sino que además el Estado va a tener otra caja más para recaudar. Realmente es un fin recaudatorio, porque acá al campo no va a venir nadie a ensuciarse los zapatos”.

Para garantizar la sostenibilidad, los productores certifican sus procesos con un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas que promueve inocuidad alimentaria, sostenibilidad ambiental y bienestar de los trabajadores. Pereyra insistió: “Somos conscientes de que el suelo hay que cuidarlo, porque es lo que debemos dejarles a nuestros hijos y nietos. Si hay que sacar una ley, se tiene que pensar bien”.