Las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que sostienen tratamientos y contienen a personas adictas, sufren cierres y recortes de presupuesto. Complica y limita las derivaciones que se hacen desde Balcarce.
Cada vez hay menos posibilidades de contener a miles de personas que en los barrios de las ciudades de la zona sufren consumos problemáticos.
Esa es la síntesis que refleja tanto el ajuste sobre la estructura propia de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) como también sobre los convenios que lleva adelante para tercerizar tratamientos, por ejemplo, con organizaciones sociales: tal es el caso de los centros barriales que funcionan en Mar del Plata y la zona que cada vez pueden ofrecer menos contención a una población cada vez más demandante en medio de la crisis, y el impacto en sus familias y en su entorno, además, se potencia.
La licuación de los recursos que sufren las diversas áreas estatales, se traduce, sin embargo, en despidos de trabajadores y reducción de políticas públicas de contención. Y específicamente el abordaje estatal de los consumos problemáticos, que en gran medida debe su territorialidad a los convenios que realiza con diversas entidades civiles, no está exento de ese ajuste.
La Defensoría del Pueblo bonaerense publicó un informe para graficar cómo el gobierno de Milei recortó sus partidas destinadas a la atención de consumo problemático en todo el país.
Según calculan, unos 12 mil argentinos mueren cada año por causas vinculadas al consumo de sustancias (en su gran mayoría, con consumo de drogas legales) y, sin embargo, el “desfinanciamiento progresivo” de la Sedronar se mantiene.
Según graficaron, en 2023 el presupuesto era de $37 mil millones y la ejecución llegó al 95%, en 2024, en tanto, el presupuesto se actualizó a $41 mil millones y su ejecución al 97%. Y en 2025 el presupuesto también partió de $41 mil millones pero se incrementó a $54 mil millones.
En cualquier caso, para la Defensoría son números que variaron muy por debajo de la inflación y que grafican “un ajuste real del financiamiento, que se ve agravado por una ejecución de más de $47.234 millones, más del 87% de los recursos asignados, situación que proyecta un final de año con un panorama económico muy ajustado para los programas de tratamiento y prevención”.
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