A un mes del histórico fallo judicial que sentenció al empresario Claudio Contardi por haber abusado a la actriz y modelo Julieta Prandi cuando estaban casados, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 condenó a seis años de prisión a un balcarceño por abusar sexualmente de su esposa de manera continuada entre 2018 y 2021, y ordenó su inmediata detención para el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La violación dentro del matrimonio fue una de las problemáticas más difíciles de registrar y de visibilizar para las propias víctimas por años. Aunque la violencia machista "puertas adentro" se normalizó detrás de la cortina del supuesto amor y del contrato matrimonial, los cuestionamientos acerca del consentimiento sexual incluso dentro de la figura de casados empezó a tener mayor repercusión hace no tanto tiempo, en parte gracias a las recientes olas feministas. Un ejemplo resonante es el juicio que encaró Prandi contra su ex marido desde 2021 y que resultó beneficioso tanto para la conductora —a quien en agosto pasado se le garantizó una reparación por los daños físicos, psicológicos y emocionales que le provocó el padre de sus hijos—, como para cientos de víctimas que se encuentran en una situación igual o similar pero no se animaban a hacer denuncias hasta que se sintieron interpeladas.

En este caso, la mujer oriunda de Balcarce logró lo que por ahora muy pocas pudieron hacer por las condiciones en las que se desarrollan los abusos intramatrimoniales: el juez Gustavo Fissore concluyó que su marido, de 49 años, sea condenado a seis años de prisión por cometer el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado.

El magistrado se enfrentaba a un caso complejo por que la víctima suele ser violentada "puertas adentro", sin testigos y habitualmente sin evidencias gráficas o periciales que demuestren su problemática. No obstante, durante el desarrollo del juicio, no sólo se contempló la voz de la denunciante sino que se reunieron otros testimonios para ayudar a completar el cuadro del contexto de violencia de género donde ocurrieron los hechos.

En rigor, durante el debate, la denunciante, contó que estuvo casada siete años con el denunciado. La mujer precisó que si bien al principio de la relación sintió que "todo era de color rosa", los problemas que su marido tenía con el consumo de alcohol y cocaína desvirtuaron el vínculo, y a partir del 2018, comenzó a sufrir violencia psíquica y física: la agredía verbalmente, la agarraba del cuello, la tironeaba del cabello, y le pegaba. Luego, la violencia escaló al plano sexual. Por sentimientos de culpa y verguenza, explicó que ocultaba los signos de esa violencia para que nadie pudiera registrar lo que pasaba. Pero su postura cambió cuando el acusado se metió con los hijos. En ese entonces, decidió separarse y denunciarlo.

En este marco, tras un trabajo interdisciplinario, que incluyó el testimonio de la víctima, y de testigos que acreditaron aspectos periféricos de ese relato, Fissore coincidió con la hipótesis del fiscal Rodolfo Moure, quien señaló que el acusado "abusó sexualmente en forma continuada con acceso carnal y en más de una oportunidad" de la víctima mediante el uso de la fuerza física e intimidaciones.

El vínculo matrimonial fue contemplado como agravante de la pena, ya que la relación matrimonial colocó a la víctima “en una situación de mayor indefensión respecto del acusado, porque esa convivencia dentro de cuatro paredes es la que permitía que sucedieran estas relaciones sexuales no consentidas”.

Pese a todo lo demostrado, la Justicia valoró como atenuante el buen concepto social y laboral que registra el condenado además de la carencia de antecedentes penales y el consumo problemático de alcohol que presentaba, al menos, durante la época en que se verificaron estos sucesos. 

Así, se confirió al abusador la posibilidad de morigerar su pena bajo el concepto de prisión domiciliaria. La Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense será la encargada de instalar el dispositivo electrónico en su tobillo. Asimismo, el condenado recibirá controles aleatorios por parte de la Comisaría de la ciudad de Balcarce y llamadas telefónicas de la Secretaría del Tribunal.