En el marco de la reciente reducción de pensiones por discapacidad impulsada por el gobierno nacional, emergen casos alarmantes que revelan, de base, serias irregularidades. La Vanguardia obtuvo en las últimas horas información sobre un caso específico en Balcarce que involucra a un hombre de 42 años con discapacidad intelectual quien presuntamente fue coaccionado para firmar la renuncia a su pensión por parte de una empleada de la ANSES, sin contar con la asistencia de un tutor o familiar. Lo más preocupante es que la trabajadora del organismo se presentó en su domicilio con un documento oficial, lo que plantea serias dudas sobre los procedimientos administrativos y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Los detalles del caso indican que, aunque la baja de la pensión podría ser discutible —dado que el afectado es actualmente empleado de la Cooperativa de Electricidad y tiene un trabajo registrado—, el modo en que se llevó a cabo este proceso ha suscitado una fuerte indignación entre sus allegados y familiares. "Una empleada de ANSES se presentó en el hogar del joven y, sin la presencia de su madre o un tutor, le hizo firmar la renuncia a la pensión", comentó una fuente a este diario. Además, se le advirtió que, de no hacerlo, tendría que devolver los montos recibidos durante los meses en que se benefició de la pensión, una advertencia que se asemeja más a una coacción que a un procedimiento administrativo legítimo.

La Cooperativa de Electricidad ha decidido actuar, presentando una denuncia formal ante las autoridades competentes para investigar las circunstancias de este caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Esta acción se suma a las voces de alarma que han surgido desde diversos sectores de la sociedad, preocupados por la posibilidad de que estas prácticas se repitan con otras personas vulnerables. Vale mencionar que desde hace casi una década la Cooperativa de Electricidad incorporó a seis jóvenes con distintas discapacidades para brindarles, en la mayoría de los casos, lo que representa su primera y única oportunidad laboral.

Cabe recordar que en 2024, el gobierno nacional implementó cambios significativos que afectan a las pensiones por invalidez, siguiendo un decreto de 2023 que permitía la compatibilidad entre el trabajo registrado y el cobro de la pensión. Sin embargo, el Decreto 843/24 impone requisitos estrictos que han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Para acceder a estas pensiones, se exige una disminución del 66% en la capacidad laboral y la ausencia de ingresos suficientes para la subsistencia, lo que limita severamente el acceso a dicho beneficio.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han denunciado que estas condiciones son discriminatorias y contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que obstaculizan la autonomía financiera de las personas con discapacidad y perpetúan un enfoque médico que deshumaniza su situación.

El proceso de evaluación y auditoría de las pensiones por parte de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) ha generado más controversia. Se requiere que el Certificado Médico Oficial y la documentación médica sean revisados de manera periódica. En el caso del joven afectado, se había presentado toda la documentación necesaria ante la ANDIS, incluyendo un diagnóstico médico reciente que confirmaba su discapacidad y respaldaba su derecho a la pensión.

Desde su creación, la Ley Nacional 22.431, vigente desde 1981, garantiza el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, estableciendo que al menos el 4% del personal en organismos públicos debe estar compuesto por personas con discapacidad. Esta normativa fue replicada en la Provincia de Buenos Aires en 1987 a través de la Ley 10.592, que también enfatiza la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral público.

En Balcarce, se estima que 870 personas reciben pensiones por discapacidad. De ellas, 69 no asistieron al operativo de la ANDIS y 276 deben presentar documentación adicional para validar su situación. La asistencia a este operativo fue obligatoria, y la falta de comparecencia fue advertida como un motivo para la posible suspensión del beneficio.

El informe oficial a nivel país ha revelado cifras alarmantes: de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802 rebotaron, mientras que solo 451.579 personas acudieron a iniciar los trámites. De este grupo, 40 mil personas recibieron la notificación pero decidieron no auditarse.

La situación en Balcarce es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas personas con discapacidad en Argentina. Las irregularidades en la gestión de pensiones y la presión ejercida sobre los beneficiarios representan un motivo de preocupación que exige una respuesta inmediata de las autoridades. La denuncia formal que se presentará en las próximas horas podría ser el primer paso para aclarar esta situación, en el marco de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Balcarce y en todo el país.