La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, envió una nota formal al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, en la que reclamó la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad en la Provincia, así como la revisión de los procedimientos aplicados por ese organismo nacional.

Según el relevamiento realizado por la Defensoría, se detectaron situaciones preocupantes que vulneran derechos básicos de personas con discapacidad y sus familias, entre ellas la suspensión de pensiones sin notificación fehaciente, dejando a los beneficiarios sin ingresos de carácter alimentario.

Asimismo se advirtieron procedimientos de auditoría confusos, con citaciones emitidas mediante cartas documento o telegramas poco accesibles, en plazos reducidos y con lenguaje técnico difícil de comprender. También dificultades de traslado, falta de turnos médicos y barreras económicas y sociales que impidieron a muchas personas cumplir con las exigencias requeridas.

Por otro lado, hubo registro de notificaciones que nunca llegaron a destino debido a limitaciones en el sistema de correo utilizado, generando mayor incertidumbre y desprotección. En otros casos existen demoras de años en la evaluación y otorgamiento de nuevas pensiones.

En la nota, la Defensoría recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país, establece que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos, y que el Estado debe garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la ANDIS:

- Restituir de manera urgente las pensiones suspendidas y abstenerse de disponer nuevas bajas unilaterales.

- Suspender los procedimientos de auditoría hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad plena.

- Informar de manera clara los criterios utilizados para definir el otorgamiento de pensiones, evitando requisitos restrictivos contrarios a la Convención.

- Transparentar la cantidad de pensiones interrumpidas o suspendidas en la provincia de Buenos Aires.

- Agilizar los trámites pendientes de nuevas pensiones.

“Estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad que requiere respuestas inmediatas. Las personas con discapacidad no pueden ver interrumpido un ingreso básico que es de carácter alimentario, mucho menos sin fundamentos claros ni notificación fehaciente. La Defensoría va a seguir reclamando que se respeten los estándares internacionales y los derechos adquiridos”, señaló Guido Lorenzino.