La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual, en el que releva las situaciones de tortura, malos tratos y vulneración de derechos en prisiones, comisarías y centros de alojamiento de menores. Afirman que aumentó la letalidad policial y campea el maltrato a niños y niñas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que busca relevar y combatir diversas formas de violencia institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, presentó su informe anual, en el que revela que 2024 registró un récord de muertes en cárceles bonaerenses, además de un aumento en la letalidad policial y la continuidad de problemas sin resolver, como el maltrato a niños y niñas en instituciones públicas.
Según los datos del informe, el año pasado hubo 218 muertes en prisiones y alcaidías bonaerenses, la mayor cantidad desde 2008, y casi un 40% más que en el año anterior.
Tres de cada cuatro de estas muertes fueron por problemas de salud, con el ingrediente de que el monitoreo y la atención de estas situaciones es deficiente según lo relevado por la CPM; casi el 10% fueron muertes por suicidio, y casi un 12%, por homicidio, lo que equivale a dos homicidios por mes entre los muros de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Además, según lo relevado por la Comisión, hubo un aumento de la letalidad policial, ya que hubo 122 casos (más de diez por mes), contra 117 contabilizados en 2023. La CPM precisó que la víctima más joven del año pasado tenía sólo siete años de edad.
“Hemos solicitado reiteradamente la modificación normativa del estado policial que obliga a las policías a portar armas e intervenir todo el tiempo frente a cualquier hecho. Su vigencia no impacta en la prevención del delito y, por el contrario, produce casos de letalidad frente a hechos menores, incluso donde no peligra la vida propia o de terceros”, enfatiza el organismo en su informe. También menciona la “mala investigación” que se produce en algunos de estos hechos.
En cuanto al trato a los menores alojados en instituciones dependientes del Estado provincial, la CPM detectó una doble vara en la evaluación de las situaciones de violencia y maltrato, ya que actúan con presteza al detectar estas situaciones en el ámbito familiar, pero no cuando se producen en las propias instituciones.
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