El gobierno provincial denunció retrocesos y vulneraciones de derechos en materia de discapacidad.
La Provincia de Buenos Aires ha decidido no participar en la 1042 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que se llevó a cabo en San Juan. El comunicado oficial subraya la postura del gobierno provincial en contra de un espacio que, según argumentan, no respeta la representatividad federal y ha desatendido los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La decisión se basa en el contexto de "un ajuste sin precedentes en políticas de discapacidad impulsado por el Gobierno Nacional", que ha generado preocupación en diversas organizaciones y sectores.
Entre las medidas más alarmantes, según la Provincia, se encuentran:
Auditorías masivas a las Pensiones No Contributivas: Sin garantías de debido proceso y con criterios regresivos, más de 110,000 pensiones han sido suspendidas, lo que podría afectar hasta el 36.5% del padrón. Esto no solo impacta en ingresos vitales, sino también en la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud.
Recortes presupuestarios: Un recorte del 19.3% en la Agencia Nacional de Discapacidad ha llevado al desmantelamiento de programas y órganos consultivos, incluyendo el propio COFEDIS, que ha visto su operatividad reducida.
Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: Esta medida impide la implementación de herramientas necesarias para garantizar prestaciones básicas y compatibilizar pensiones con empleo.
Desactualización del Nomenclador de Prestaciones: Esta situación está provocando el cierre o reducción de servicios esenciales como transporte, terapias y centros de día.
El gobierno provincial ha manifestado su preocupación por la falta de escucha y colaboración en los diferentes espacios de participación donde se deberían abordar estas problemáticas. A pesar de que diversas propuestas y documentos han sido presentados por las provincias y organizaciones de personas con discapacidad, muchas de estas han sido ignoradas por la autoridad nacional.
La Provincia de Buenos Aires sostiene que no puede "participar" en un espacio que ha dejado de ser un ámbito de construcción federal de políticas públicas, convirtiéndose en una instancia meramente formal sin incidencia real.
En un llamado a la acción, el Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) invita a todas las jurisdicciones, organizaciones y actores sociales a unirse en el rechazo a estas "políticas regresivas y a trabajar en un frente común para restituir el COFEDIS como un espacio colaborativo y participativo que garantice los derechos humanos de todas las personas con discapacidad".
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