La diputada María Paula Bustos, del PRO, presentó un proyecto ley para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley nacional que establece el Régimen de Empleo Protegido para personas con discapacidad.

Acerca de la iniciativa, que busca acceder a fondos federales y programas de apoyo técnico, la legisladora sostuvo que “la ley nacional 26.816 establece un régimen de alcance federal orientado a garantizar oportunidades laborales para personas con discapacidad a través de dispositivos productivos de gestión no lucrativa, con acompañamiento técnico, legal y financiero del Estado nacional”.

La pergaminense explicó que adherir a la ley nacional y a su decreto reglamentario 1771/2015 habilita los convenios de corresponsabilidad, entre los que se encuentra una asignación mensual, equivalente al 40% del Salario Mínimo para cada trabajador con discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de Taller Protegido Especial.

Dichos talleres son entidades estatales o privadas que están bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocida como de bien público y sin fines de lucro. 

Bustos agregó que en la Provincia funcionan actualmente más de 170 talleres protegidos, que albergan a casi 4.800 trabajadores con discapacidad. “Sin embargo, la mayoría no cuentan con reconocimiento formal, ni reciben el financiamiento necesario para garantizar condiciones dignas y sostenibles de trabajo”, dijo.

El proyecto de la diputada, candidata por la Segunda Sección a reelegir por Hechos, cuenta con al acompañamiento de otros dos legisladores amarillos, Fernando Rovello y Martín Endere.