En esta jornada empieza una etapa de lucha”, había dicho el presidente del Consejo Directivo del INTA Chaco-Formosa en la previa de la publicación del decreto 462/2025, aquel que formateó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y otros organismos del Estado que bregaban por cuestiones agropecuarias.

Hoy, la etapa de lucha parece haber comenzado, y todo indica que comenzó el camino judicial por frenar –o intentar hacerlo- el famoso decreto.

Es que el Sindicato del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA), representado por su secretario general Mario Romero junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentaron una acción de amparo en protección del INTA contra la ofensiva del gobierno.

“Venimos a interponer acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y del art. 47 de la ley 23.551, contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL, con domicilio en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los arts. 59 a 69 del Dto. 462/2025 por configurar una desviación de poder que oculta una disolución, desfederalización, y vaciamiento del INTA, expresamente vedado por el art. 2 de la ley 27.742, y por resultar asimismo violatorio de los fundamentos que dieron lugar a su creación por Dto. Ley 21680/56, afectando con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta la garantía de estabilidad en el empleo público expresamente prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional”, dice el primer punto del amparo presentado ante la justicia.

De acuerdo a lo que entienden los trabajadores, el gobierno quiere sacar a remate 40.000 hectáreas rurales del INTA “para construir barrios cerrados, vender sus patentes de eventos tecnológicos, apropiarse de los recursos financieros que tienen en el Banco Nación, y generar despidos de científicos y técnicos que al Estado le costó décadas formar”.

APINTA y ATE argumentan que la declaración de emergencia económica, es similar a un Estado de sitio: “Un remedio atípico ante una conmoción anormal, extraordinaria e imprevista, la que pone en riesgo la misma existencia del Estado. La Ley Bases declaró una emergencia general haciendo abuso de poder, sin que exista una conmoción anormal e imprevista y, con la excusa de esa emergencia, le dio al Poder Ejecutivo la facultad de gobernar por decreto”.

Las gremiales de los trabajadores estatales no ven que sea urgente eliminar a las universidades de la conducción colegiada del INTA, ni excluirlos a los Consorcios de Experimentación Rural (AACREA), como pretende hacerlo el decreto delegado 462/2025.

Creen los denunciantes, que tampoco “se justifica el apuro en rebajar a la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO, hoy decisores miembros del Consejo del INTA, para que pasen a ser a meros asesores sin opinión vinculante”.

El Amparo quedó radicado en el juzgado nacional del trabajo, dado que “quienes resultaran más perjudicados de la ofensiva contra el INTA son los trabajadores científicos y extensionistas de la institución”.