El 15 de julio de 2010 se sancionó en Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618), estableciendo la igualdad jurídica para las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio civil. Esta ley no solo reconoce el derecho a casarse, sino que garantiza el acceso a un conjunto de derechos y protecciones previamente reservadas a las parejas heterosexuales: filiación, herencia, cobertura de salud, decisiones médicas, licencias familiares, entre otros.

Desde un enfoque de derechos humanos, la ley representa una ampliación clave en el reconocimiento de la diversidad familiar y sexual, y constituye un punto de inflexión en la construcción de ciudadanía para el colectivo LGBTI+.

Tal como sostienen organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el derecho a formar familia forma parte del derecho a la vida privada y a la igualdad ante la ley.