En el ámbito judicial, la noticia más relevante de la semana ha sido el otorgamiento de la libertad asistida a Ariel Troncoso, condenado a 18 años de prisión por el femicidio de Melina Briz en febrero de 2012. Este fallo, dictado por el juez Juan Galarreta del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, ha sido objeto de apelación por parte del fiscal del caso, Rodolfo Moure, y de la abogada de la familia de la víctima, Adelina Martorella.

La decisión ha suscitado una ola de críticas sobre lo que implica realmente esta modalidad de libertad. En la provincia de Buenos Aires, el régimen de libertad asistida permite a los condenados salir de prisión hasta seis meses antes de completar su pena, siempre bajo la supervisión de un juez y con condiciones específicas que deben cumplirse. Este régimen tiene como objetivo facilitar la reinserción social del individuo, proporcionando asistencia y tratamiento en lugar de un encierro total.

Entre las características fundamentales del régimen de libertad asistida se destacan:

Egreso anticipado: El condenado puede salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su pena.

Supervisión: Se establecen condiciones que son monitoreadas por una autoridad competente.

Asistencia: Se ofrece apoyo en áreas como salud, educación y reintegración laboral.

Reinserción social: Busca facilitar la adaptación del individuo a la vida en libertad.

Fases del tratamiento: El proceso se divide en etapas con distintos niveles de control y autonomía.

Revocación: Si se incumplen las condiciones, la libertad asistida puede ser revocada.

Es importante señalar que, aunque ambos beneficios buscan la liberación anticipada, la libertad asistida se distingue de la libertad condicional. Esta última requiere haber cumplido una parte significativa de la pena y demostrar buena conducta, mientras que la libertad asistida se enfoca en la etapa final de la ejecución de la pena, ofreciendo un mayor grado de supervisión.

En conclusión, la libertad asistida en la provincia de Buenos Aires se presenta como una alternativa para la reinserción social, pero su implementación, especialmente en casos sensibles como el de Ariel Troncoso, genera un debate sobre la efectividad y ética del sistema judicial en la protección de las víctimas y la sociedad.