La segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires llegó con sorpresa: un aumento del 9,3% en relación a la abonada en el mismo periodo de 2024. Esta suba encendió las alarmas entre los productores agropecuarios, que advierten sobre la falta de una ley fiscal vigente para 2025 y cuestionan la legalidad de la actualización aplicada por el gobierno de Axel Kicillof.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), explicó que el actual escenario impositivo responde a una prórroga de la ley fiscal y del presupuesto de 2024. “La provincia de Buenos Aires no tiene ley fiscal para el 2025. Lo que hizo Kicillof es prorrogar la ley fiscal y la de presupuesto que estaba en el 2024”.

Ginestet detalló que en esa prórroga se incluyeron facultades delegadas al gobernador que le permiten actualizar el valor de las cuotas del inmobiliario rural por inflación y en función de la tasa pasiva del Banco Provincia. “Durante 2024 no hizo uso de esa facultad, pero ahora apareció la suba en la segunda cuota”, explicó.