Un bloque ajeno a la interna del peronismo terció en la pelea con una iniciativa que recoge el pedido de la Justicia para que haya más tiempo para analizar las candidaturas y oficializar las boletas.

Luego de la decisión de desdoblar los comicios y de la suspensión de las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), el tema del cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires aún no está resuelto, en buena parte por la fuerte interna que atraviesa el peronismo y que demoró las definiciones en todos estos temas. 

Ahora, un bloque de la oposición presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que recoge el reclamo de la Junta Electoral, ante la preocupación por lo exiguo de los tiempos para analizar la composición de las listas y oficializar las boletas definitivas (sólo diez días entre la presentación de las nóminas y la fecha de cierre de la oficialización). 

Ante la falta de acuerdo entre el sector del gobernador Axel Kicillof, que propuso ampliar los plazos para que haya al menos 70 días entre la presentación de las boletas y el acto eleccionario, y el que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que bloqueó esa idea en la Legislatura, la Junta Electoral lanzó una solución intermedia, que contempla un plazo de 50 días entre el cierre de listas y el día de los comicios, y de 30 desde la presentación de las boletas hasta la jornada de votación.

La bancada de Unión, Renovación y Fe (URF) en la Cámara de Diputados provincial recogió esa solución de compromiso y la plasmó en una iniciativa que presentó para su tratamiento. 

“Con una anticipación de por lo menos cincuenta (50) días a la fecha del acto electoral, los partidos inscriptos presentarán a la Junta Electoral para su oficialización las listas. Y con treinta (30) días las boletas identificatorias de los candidatos oficializados”, pasaría a decir el artículo 61 de la Ley 5109, que establece el procedimiento de elecciones en la Provincia, si se aprueba el proyecto de los “libertarios blue”.

El cronograma vigente “no sólo genera una sobrecarga para la Junta, sino también perjudica gravemente a los partidos políticos, quienes cuentan con márgenes extremadamente acotados para ejercer su derecho de defensa frente a observaciones o impugnaciones para presentar documentación respaldatoria o subsanar errores de índole administrativa, dejando a aquellas agrupaciones con menor estructura, nivel de profesionalización y/o acceso а asesoramiento técnico en desventaja frente a aquellas con una mayor estructura, corriendo el riesgo real de quedar fuera del proceso por razones meramente procedimentales”, advierten los diputados de URF en los fundamentos de su iniciativa.

El proyecto de ley fue firmado por los diputados Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Martín Rozas y Viviana Romano.