El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó finalmente un drástico plan de ajuste. En esta reunión, que contó con la participación de entidades del agro y autoridades de la Secretaría de Agricultura, se decidió no despedir a ningún agente, pero sí cerrar la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), afectando a 39 municipios y a la ciudad de Buenos Aires, donde residen 16 millones de personas. Esta estación era clave para abordar problemáticas de agricultura urbana y periurbana.

Además, se eliminarán 41 agencias de extensión, lo que podría incluir la de Balcarce. Con estas decisiones, el total de unidades del INTA se reducirá a 258. En la reunión también aprobó una reducción del 20% en la estructura de la Dirección Nacional del ente, lo que implica la eliminación de 75 cargos relacionados con las Plataformas de Innovación Territorial (PIT).

En paralelo, se disolverá la unidad de consultoría del Consejo Directivo y se limitará la función de los consultores a un plazo establecido. La Dirección Nacional deberá presentar, en un plazo de 15 días, una propuesta para reducir las gerencias y coordinaciones a un total de siete unidades.

El INTA también se encuentra en un proceso de redefinición del concepto de Agricultura Familiar, que será renombrado como "Producciones Regionales y de Pequeña Escala". La nueva estructura deberá ser formalizada en un plazo de 30 días, como parte de un esfuerzo por modernizar y regionalizar el sector.

Los gremios de la Asociación de Profesionales del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a cabo una protesta en la sede central del INTA, ubicada en Rivadavia 1439, en rechazo al plan de “modernización” promovido por el Gobierno. Estas manifestaciones recuerdan situaciones similares de noviembre pasado, cuando se debatieron la venta de propiedades y el futuro de los contratos de trabajo del personal.

El Consejo Directivo se reunió para abordar el plan de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ha sido objeto de críticas desde su presentación en noviembre. Los gremios convocaron a cerca de 2000 afiliados para intentar frenar el avance de estas medidas, en un contexto de creciente tensión por el futuro del organismo.