El presidente Javier Milei autorizó este lunes a través del Decreto 97/2025 el inicio del proceso para la privatización de la compañía estatal Corredores Viales SA, instruyendo al Ministerio de Economía a diseñar el pliego para la realización de una licitación pública nacional e internacional.

La novedad trajo algunos detalles del proceso de liquidación de la firma luego que el viernes el propio gobierno adelantara la publicación del decreto. “A pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos 301 mil millones de pesos”, dijo en un comunicado de la Oficina del Presidente.

Corredores Viales SA tiene a su cargo diversas rutas y autovías nacionales, entre ellas la 226 en su tramo Mar del Plata-Balcarce, siendo de una de las empresas incluidas dentro del paquete a privatizar aprobado en la Ley Bases.

Según se desprende del decreto, el proceso de privatización estará a cargo del Ministerio de Economía y de la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, quienes ahora adoptarán las medidas para proseguir.

Entre las siguientes medidas informadas en el decreto, se avanzará con la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes asignados a Corredores Viales SA, para luego continuar con la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores, en los términos de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias. Finalmente, se concretará la disolución y posterior liquidación de la compañía una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

¿Qué pasará con los peajes?

De acuerdo a lo establecido en el decreto de Milei, la modalidad de concesión será bajo la figura de obra pública por peaje. Si bien por el momento no se indicaron mayores detalles al respecto, el Ejecutivo remarcó que “será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje”.

Es decir, el Estado dejará de financiar la reparación de rutas nacionales quedando la inversión a cargo exclusivamente del concesionario privado, quien tendrá como ingreso central el surgido de la explotación de las vías, a través del cobro de peajes más otros ingresos como publicidad y los derechos por funcionamiento de locales comerciales en las rutas, como el caso de las estaciones de servicio.

Se espera que en los pliegos de bases y condiciones haya mayores precisiones sobre si el peaje que deberán pagar los usuarios tendrá algún tipo de regulación estatal o si, como muchas veces se prepone desde el ámbito libertario, quedarán a libre decisión del concesionario. Actualmente, el peaje de El Dorado en el límite entre General Pueyrredon y Balcarce tiene un valor de $1.300 para vehículos de hasta 2 ejes.