La tensión entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el gobierno local se intensificó en las últimas horas, con el gremio confirmando que este lunes continuará con una retención de tareas y por tiempo indeterminado. La situación se agrava en medio de una propuesta del gobierno que sugiere la creación de un monitoreo de recursos para evaluar la posibilidad de aumentar salarios, a pesar de la caída en la coparticipación y recaudación.

 

Fuentes del gobierno consultadas por La Vanguardia explicaron que la coparticipación ha sufrido variaciones significativas, con proyecciones que, en lugar de mejorar, tienden a ser ajustadas a la baja. En agosto, por ejemplo, se anunciaron 1.228 millones de pesos, pero se enviaron efectivamente solo 1.155 millones. Para septiembre, se esperaba una cifra de 1.230 millones, pero hasta la fecha se han enviado 660 millones, de los cuales 540 millones fueron retenidos para el IPS y IOMA.

 

En cuanto a las tasas municipales, aunque se mantiene el ritmo de recaudación, se ha notado una caída de al menos 10 puntos, atribuida a los recientes aumentos de tarifas. En el Ejecutivo sostienen que los aumentos en el salario de los trabajadores, a través de cláusulas gatillo, podrían compensar los incrementos en los costos de servicios y contratos.

 

Respecto a la paritaria, en el gobierno afirman que, aunque la propuesta actual está un 2,5% por encima de la inflación, esto no refleja el contexto de aumento de precios generalizado. 

 

Asimismo, y en un intento por resolver el conflicto, el gobierno del intendente Reino (actualmente de licencia) ha proporcionado al sindicato, según mencionaron a este medio, documentación detallada sobre la situación financiera, incluyendo extractos bancarios e informes económicos. Se ha propuesto además una mesa de trabajo para monitorear los recursos y discutir posibles aumentos.

 

El sindicato, por su parte, ha solicitado un "programa de incentivos" para la recaudación en 2025. En respuesta, la administración municipal presentó un primer avance de ideas que incluirían capacitación y la implementación de nuevos procesos para mejorar la cobrabilidad de las tasas, buscando que los resultados de estos esfuerzos beneficien económicamente a los empleados involucrados.

 

Según las mismas fuentes del gobierno, se ha sugerido también  establecer una mesa de trabajo para analizar el tema de las "bonificaciones", que son objeto de debate por su vinculación a tareas específicas y responsabilidades del personal.

 

Las autoridades locales explicaron que cada caso será estudiado individualmente, ya que estas bonificaciones están justificadas por funciones definidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y en la ordenanza del Presupuesto 2025. Sin embargo, se enfatizó que "la política salarial es de exclusiva competencia del Departamento Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de decidir y aplicar las medidas correspondientes".

 

En relación a las cuestiones financieras, el gobierno subrayó la imposibilidad de autorizar gastos sin contar con una fuente de financiación correspondiente. "Esto responde al principio de equilibrio fiscal, que rige la gestión pública y que exige prever recursos para cada gasto, asegurando un manejo responsable de las finanzas municipales".

 

Además, el gobierno aclaró el tema de las obras en curso, desestimando denuncias  sobre el uso de recursos de libre disponibilidad. Se indicó que todas las obras están financiadas con recursos específicos. Por ejemplo, el autódromo cuenta con financiamiento provincial, el proyecto Pun Antú se realiza con el Fondo de Infraestructura Municipal, y el Hospital se sostiene con fondos obtenidos de la venta de terrenos, aprobados por ordenanza del Concejo Deliberante, se precisó.

 

Las autoridades también mencionaron que el anexo del Museo Histórico se financió con recursos provinciales y que la finalización del Centro de Monitoreo dependerá de terrenos destinados a tal fin.

 

El desenlace de esta situación sigue por ahora siendo incierto, mientras ambas partes buscarán en el arranque de la semana un terreno común para avanzar en sus demandas.