Buscan desplazar a los que “ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo”. Los cambios, aunque de distinto alcance, apuntan a la ANSES, PAMI, y también al INTA, entre otros. Se revisarán las contrataciones y se pedirá la presencialidad total en los lugares de trabajo. Por otra parte, se evalúa el funcionamiento de los que dependen de la Provincia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, al referirse a los futuros recortes en la planta estatal, advirtió que “el empleo militante no va a existir más”.

El presidente Javier Milei asumió el pasado domingo el gobierno nacional y en una de sus primeras afirmaciones dijo que “el ajuste caerá principalmente en el Estado”. En esa línea, el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Ejecutivo achicó la estructura de 18 ministerios a 9 y reconvirtió a las carteras eliminadas en secretarías, bajo la órbita de tres súperministerios. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, al referirse a los futuros recortes en la planta estatal, advirtió que “el empleo militante no va a existir más”, pero aclaró que “la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria”. Sin embargo, aseguró que apuntarán a desplazar a los que “ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo que pagamos todos”. En tanto, el ministro Luis Caputo, en su anuncio grabado precisó que estas medidas “va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional”, afirmó.

En Balcarce, los primeros cambios apuntarían a la ANSES, PAMI, probablemente AFIP (en la ciudad funciona una delegación) y el INTA -se mira también al SENASA regional-, entre otros organismos. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se mencionó que, por ejemplo, tras el periodo de pandemia producto del coronavirus entre 2020 y 2021 muchos empleados siguieron con trabajo remoto cuando deberían haber respetado la presencialidad. Entre los cambios que se vienen en organismo públicos en la ciudad, como informó Radio Líder esta semana, el concejal Enrique Guillén (La Libertad Avanza) sería quién reemplace al contador Javier Mennone (renunció a su cargo el pasado fin de semana) al frente de la UDAI Balcarce de ANSES. Paralelamente, trascendió que con la llegada de Guillén vendrían modificaciones en la estructura operativa y de los trabajadores del organismo. “Vamos a evaluar caso por caso”, manifestaron las fuentes consultadas.

En PAMI, en tanto, se especulaba con la llegada del doctor Jorge Colella, quien fue candidato a intendente por la Libertad Avanza en las pasadas elecciones del 22 de octubre. “Lo que se busca es evitar que estos organismos, como ANSES o PAMI, sean manejados por La Cámpora”, indicó la misma fuente que habló con La Vanguardia. “Los contratos de empleados que justifiquen una tarea específica serán respetados, pero queremos saber si hay personas que cobran y no trabajan”, afirmaron.

Por otra parte, se evalúa el funcionamiento de los organismos que dependen de la Provincia. En el caso del Registro Provincial de las Personas trascendió que podría ser conducido por una dirigente y ex candidata del kirchnerismo, aunque no hay hasta aquí confirmaciones oficiales. Si está claro que, en los próximos meses, algunos de estos organismos serán ocupados por dirigentes vinculados al peronismo.  El Ministerio de Trabajo, en tanto, seguiría  estando a cargo del doctor Sergio Aranaga y la Defensoría del Pueblo por la doctora Fernanda Ruzza.

Presencialidad. El primer anuncio concreto del gobierno está focalizado en los trabajadores de la administración pública a los que le van a exigir “presencialidad al ciento por ciento”. En esa línea, se anunció que se revisarán las contrataciones y pedirá la “presencialidad total” en los lugares de trabajo. Las estimaciones del espacio proyectan que esa sola exigencia podría reducir “entre un 8 y un 10%” el número total de empleados estatales. El sector público nacional tiene una planta de 711.879 empleados, de los cuales 395.000 integran la Administración Pública Nacional, sobre la que se aplicaría esa eventual reducción.

Alberto Fernández junto a su Gabinete en julio de 2002, en Chapadmala¿Contribuye a bajar el gasto político la reducción de la cantidad de ministerios? Según este especialista, para evaluar el impacto de la reducción en la cantidad de Ministerios en la eficiencia del gasto de la administración es necesario contemplar otros factores. “Es importante contextualizarlo y completarlo no sólo con las aperturas de la estructura que implican la designación de autoridades superiores por debajo del rango ministerial (Secretarías y Subsecretarías), y luego los cargos de Dirección Pública (Direcciones Nacionales, Direcciones Simples y Coordinaciones), sino también evaluar las competencias y las capacidades con que cuenta el Estado para cumplir sus funciones principales”. Si bien advirtió que puede dar “un mensaje desde el punto de vista simbólico y comunicacional de cara a la ciudadanía, pero hay que considerar también la necesidad de trabajar especialmente sobre el nivel burocrático-administrativo ya que debe asegurarse el impulso y la continuidad de la administración desde el primer día”.

Organismos descentralizados y empresas públicas

Además de la reducción de la cantidad de ministerios, la letra chica del primer DNU de Milei estableció una serie de amplias facultades para aplicar un ajuste de gastos y también permitir la privatización y hasta el eventual cierre de empresas públicas. Así, según el decreto, el titular de Economía podrá “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, y en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros”.

El ranking lo lidera el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con 27.793 personas en su planta. Se trata de un organismo al que Milei criticó fuertemente en su campaña por la calidad de su producción. Le siguen en cantidad de personal la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con 23.833 empleados. La empresa tiene a cargo las 5 líneas de trenes de pasajeros suburbanos, las 9 de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril entre la ciudad argentina de Posadas y la paraguaya de Encarnación. Este número no incluye al personal de Belgrano Cargas y Logística SA, que cuenta con otros 4.634 trabajadores.

A continuación se ubica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con 22.220 empleados; el Banco de la Nación Argentina con 17.820; el Correo Argentino con 16.967; y el PAMI que cuenta con 14.275 personas, una dotación que no se traduce siempre en una mejor atención de la salud de los jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que maneja uno de los mayores presupuestos del país, ya que tiene a cargo el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, cuenta con 13.958 empleados.

Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal de bandera que informó la semana pasada un superávit por primera vez de USD 32 millones - logrado luego de emitir deuda por USD100 a través del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)-, tiene 11.915 trabajadores.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 6.755; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con 5.919 trabajadores. En el ranking aparecen luego la Dirección Nacional de Vialidad, que estaba bajo la órbita de la cartera de Obras Públicas, con 5.683 empleados; y la Dirección Nacional de Migraciones con 4.195. En tanto, Corredores Viales SA, la empresa concesionaria de las rutas y autopistas nacionales que depende de Obras Públicas y Vialidad, emplea a otras 3.967 personas.