El representante del Ministerio Público Fiscal habló sobre el acceso que tienen los presos a teléfonos celulares y otros “beneficios” en las cárceles del servicio penitenciario bonaerense. “El sistema está podrido”, dijo Moure. Además, pidió que se activen inhibidores en los pabellones y cambios para mejorar los controles de los internos. “Frente a lo que está pasando y sus consecuencias, no podemos permitir que la cárcel controle la calle. Si un delincuente está preso es para que se puedan controlar todos sus movimientos, es decir, no se les puede dar un metro de libertad”, expresó.

El fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, habló sobre uno de los temas que forman parte del debate sobre los cambios que se reclaman respecto del servicio penitenciario bonaerense y la situación y “beneficios” a los que acceden delincuentes que purgan sus condenas en los penales como el de Batán. “Estoy en contra de que un preso tenga un teléfono celular. Frente a lo que está pasando y sus consecuencias, no podemos permitir que la cárcel controle la calle. Hay que reformular el sistema. Si un delincuente está en la cárcel es para que se puedan controlar todos sus movimientos, es decir, no se les puede dar un metro de libertad porque lo aprovechan mal y terminan haciendo cosas que no deberían hacer. Y en esto tenemos que ser claros:  los malvivientes están en la cárcel para ser controlados así que el uso de teléfonos celulares debería estar directamente prohibido. Si bien parece complejo controlar que una persona meta un celular en la cárcel -porque como meten celulares también ingresan drogas, por ejemplo- deberían mejorarse los sistemas de seguridad carcelaria”, enfatizó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, Moure señaló que “lo que tendrían que hacer las autoridades es poner inhibidores en todas las cárceles y toda llamada que haga un preso debería ser desde un teléfono fijo y monitoreada como era antes. Ya hay ejemplos de sobra de que los detenidos con celulares sólo traen problemas. Se les dio una libertad que no merecen, una libertad que era por el tema de la pandemia y que hoy en día se extendió. Lamentablemente ya estamos viendo lo que está pasando y sus tremendas consecuencias. Este año con la subDDI de Balcarce, y con el comisario Maximiliano Blanco Río en la coordinación, debemos haber hecho unos 30 allanamientos por delitos de extorsión. El resumen y la conclusión es simple: los presos con celulares es un problema que se tiene que corregir porque, en el mientras tanto, la policía y el poder judicial destinan personal y recursos para investigar hechos que no deberían ocurrir”, sostuvo.

Para el fiscal Moure “el sistema está podrido y hay que hacer cambios. Por eso hay que adoptar otras medidas más extremas como pueden ser los inhibidores y que nadie tenga un celular y se acabó. No veo voluntad política para cambiar las cosas porque sería una medida políticamente incorrecta para algunos. Así, seguimos trabajando con todos los presos que, desde las cárceles, extorsionan y estafan a la gente. Intentaremos no dejar pasar esto y ayudar a la víctimas, pero es complicado sino hay una respuesta de todos los involucrados”, manifestó. Paralelamente, el funcionario judicial adelantó que recibieron las estadísticas desde la Procuración. “La Fiscalía de Balcarce es la que más allanamientos pidió durante el año 2022, mucho más que cualquier Fiscalía de Mar del Plata. Pero no es porque en Balcarce haya más delitos, sino porque también le damos importancia a este tipo de cuestiones de las estafas y de las extorsiones con teléfonos celulares que se realizan desde la cárcel. Por eso la idea es tratar de terminar con esto y exigir que se promuevan cambios que vayan al fondo de la cuestión”, concluyó.

En otro orden, y en el plano local, el concejal de Juntos, Sebastián Pinilla, volvió a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación -reiteración de un pedido de julio de 2022- en la que solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por su intermedio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deje sin efecto el Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Este pedido se da, mencionó el concejal, “debido a la cantidad de delitos que, desde las unidades penitenciarias de nuestra Provincia y a través de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, aquejan a nuestros vecinos”.

Según explicó Pinilla, “a partir de la cuarentena impuesta en 2020 por la pandemia de COVID 19 la Subsecretaría de Política Criminal Dirección Provincial contra el Delito Complejo creó un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de su libertad en el ámbito del servicio penitenciario Bonaerense. Por eso resulta imperioso que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a los organismos de su órbita que correspondan, deje sin efecto el Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”, mencionó.

Por otra parte, remarcó que “esta medida se extendió infundadamente más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la vigencia de tal medida durante el período que subsista la situación de pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante el DNU 297/20 y sus prórrogas. Nuestra sociedad demanda volver a un esquema de vida donde las instituciones se normalicen y podamos encauzar en cada área los objetivos funcionales”.

Afirma Pinilla que “no fue suficiente para el Gobierno provincial el hecho de no apelar la decisión judicial de liberar presos con la excusa de la pandemia, sino que también, y de forma inconsulta con la Legislatura Provincial, pusieron en funcionamiento desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense. Si bien este Protocolo fue requerido por resolución judicial, en la misma dispone expresamente que dicha “autorización que deberá ser instrumentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires mediante la creación del correspondiente Protocolo Normativo que asegure no sólo la operatividad de la autorización, sino también la imprescindible vigilancia a fin de que se asegure la comunicación de los internos con sus familiares y que dicha tecnología no se utilice con fines delictivos”. Y agrega: “su vigencia extralimitó la subsistencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada por el Gobierno Nacional mediante el DNU 297/20 y sus prórrogas.  Además, no se ha tomado ninguna medida tendiente al control del uso de estos aparatos, e incluso desoye la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798, la cual establece en su artículo 17 que las comunicaciones no pueden afectar la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y las buenas costumbres”.

Vale recordar que el Decreto 690/2006, en el que se ordena la regulación de la prestación del servicio de telefonía pública en unidades penitenciarias, se dispone que se deberá impedir la utilización de funciones destinadas a evitar la identificación de la llamada por parte del destinatario, regular la aplicación de tonos característicos para las llamadas provenientes de establecimientos penitenciarios, e implementar una señal de audio que le avise al receptor que esa llamada proviene de una unidad carcelaria. “A partir del uso indebido de estos dispositivos se han probado innumerables delitos como secuestros virtuales, amenazas, coordinación de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios, perpetración de atentados a la autoridad, amenazas a miembros del poder judicial y testigos, planificación de evasiones y últimamente sicariatos, intimidaciones, etc. El partido de Balcarce no ha escapado a esta realidad, sufriendo una gran cantidad de hechos delictivos denunciados; incluso con veintitrés allanamientos llevados a cabo por la Sub DDI en la unidad penitenciaria de Batan, con resultados positivos. En todos aquellos países en los que se ha permitido el uso de estos aparatos, esa prerrogativa se ha visto antecedida por la puesta en marcha de una gran cantidad de normas extras de seguridad informática destinadas a prevenir su mal uso, bajo la forma sistemas de protección de la seguridad de software, hardware y red”, mencionó Pinilla en su argumentación.

El dato

Pese a la prohibición expresa prevista en el artículo 160 de la ley 24.660 y las recomendaciones emitidas por el Ministerio Público Fiscal, las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios, continúa siendo de uso cotidiano.