La audiencia judicial que debía realizarse esta semana para analizar las medidas con las que se revertiría el deterioro estructural que arrastra la Unidad Penal Nº15 de Batán desde hace 14 años, y que en septiembre motivó el dictado de orden de restricción de ingresos de nuevos detenidos, finalmente se tuvo que reprogramar para febrero. La postergación fue forzada por las propias autoridades del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que en 75 días no presentaron ningún plan de obras integral para poner en valor la cárcel.

A raíz del alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y el deterioro “generalizado” de las instalaciones del establecimiento carcelario, desde el 1 de septiembre hay una resolución vigente de la jueza marplatense Mariana Irianni que prohíbe a otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – alojar sus detenidos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite, a Batán.

Pese a los duros cuestionamientos que hicieron funcionarios provinciales, la decisión fue ratificada 30 días después por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, donde los jueces jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas también insistieron en la necesidad de que el Gobierno bonaerense presente un "plan de obras y mejoras que fuere necesarias para superar el grado de deterioro edilicio, condiciones de seguridad y salubridad de alojamiento” de las personas detenidas en la UP 15.

Así, de acuerdo a los plazos fijados en audiencias previas, la expectativa de las autoridades judiciales era poder contar con ese plan de obras este 15 de noviembre. Pero plan, al final, no hubo: lo único que acercó el viernes, a contrarreloj, la Directora Provincial de Política Penitenciaria Dina Rossi al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata fue un escrito con tres informes preliminares.