Vera y los fondos para discapacidad: 'no se puede recortar sobre los más vulnerables'

 

Si bien el Ministerio de Economía aclaró en esta horas que las "modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores" no afectan a la atención de las personas con discapacidades, en Balcarce familias de personas con discapacidad denunciaron que ya fueron notificados por profesionales de distintas áreas que podrían quedarse sin el acceso a los tratamientos que vienen teniendo. En esa línea, la presidenta de AMPLIAR Abrepuertas Balcarce, Paola Vera, habló con Radio Líder sobre la situación que atraviesan las casi cien familias sobre las que tiene registro la ONG, aunque aclaró que en la ciudad el número es superior. “Hay una clara contradicción: por un lado la ley que nos protege, y por otro lado los prestadores que, ante este nuevo recorte, no están recibiendo los pagos –algunos no cobran desde marzo- situación que afecta a las personas que tienen el CUD, el certificado único de discapacidad. Los prestadores que se adhirieron al paro esta semana ya no atienden, y de esta manera se pausan los tratamientos”, explicó.  

 

Por otra parte, Vera señaló que “sin los acompañantes terapéuticos nuestros hijos no pueden concurrir a la escuela, por ejemplo. Entonces, la ley te protege pero las obras sociales no pagan porque la Superintendencia no se hace cargo de este sector. Es decir, tendríamos que denunciar en primer término a la obra social que le paga al prestador, cuestión que venimos haciendo, pero la obra social no paga si no recibe fondos de la Superintendencia. Esta situación, lleva a muchos padres a presentar recursos de amparo, pero ese no puede ser el camino porque mientras tanto nuestros hijos se quedan sin atención. Por lo pronto, ya nos están avisando que se van a suspender los tratamientos”, sostuvo.

 

Asimismo, la titular de Ampliar consideró que “las discapacidades son de las más variadas y los tratamientos son vitales para las personas que las padecen. Me parece que esta decisión basada en un DNU es ilegal ya que va contra muchas leyes que nos costó años conseguir y que dan amparo y reconocen derechos de las personas discapacitadas. No se puede recortar sobre los más vulnerables. Esperemos que el gobierno reflexione y recapacite sobre esta medida”, concluyó.