Santiago Trigo es ingeniero informático, experto en seguridad y perito informático del Ministerio Público Fiscal, y su trabajo consiste básicamente es investigar a los “crackers”, esas personas que utilizan internet para romper la ley y distribuir material ilícito y a los groomers, los adultos que acosan a un menor a través de las nuevas tecnologías (sobre todo a través de chats, redes sociales, o foros) para propiciar un abuso sexual. Tras la publicación de un caso en Balcarce en el que un hombre de 43 años –fue detenido por la subDDI en Entre Ríos- con un perfil falso contactó con fines sexuales a un menor de 10 años a través de Instagram, Trigo habló con Radio Líder y confirmó que los casos de grooming crecieron un 500 % durante la pandemia. Asimismo, explicó que frente a este tipo de situaciones es clave el diálogo con los chicos para, eventualmente, “detectar esas alertas que nos pueden llevar a pensar en una situación de este tipo. A los chicos le sugerimos para una navegación segura que no acepten perfiles que no conocen y que sus propios perfiles sean privados”.

 

Por otra parte, el perito informático del Ministerio Público Fiscal explicó que “el groomer busca siempre ganarse la confianza del menor a través de perfiles falsos en absolutamente todas las redes sociales. Lo hacen en todas las redes sociales y en los juegos en línea que muchas veces son parte de la recreación de los chicos. Acá es fundamental el diálogo de los padres con los hijos, no desde una mirada invasiva sino basada en la confianza. Hoy hay muchos riesgos en las redes y muchas veces lo chicos no lo saben hasta que caen en el engaño de estas personas”. Y agregó que “hoy podemos investigar y llegar a esa persona que está detrás de un perfil falso, pero para tener éxito necesitamos que el caso se denuncie rápidamente. Si bien las redes tienen herramientas de control y alertas no son ciento por ciento seguras. De hecho, los menores sólo pueden acceder a una cuenta a partir de los 13 años, pero vemos que chicos de menor edad ingresan y abren cuentas”, detalló.

 

En la actualidad, la ley pena con prisión de seis meses a cuatro  años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. En tanto, para quienes sean responsables de la producción, facilitación y tenencia con fines de distribución de material de pornografía infantil se prevén penas que van de 3 a 6 años de prisión.