Es la Biblioteca Escolar Pública No. 29, como se denomina la que funciona en la Escuela No. 1 Domingo Faustino Sarmiento, la primera de nuestro distrito.

Son 110 años los transcurridos desde que surgió en el entonces pueblo la inquietud para crear una biblioteca popular. Maestros que se desempeñaban en la Escuela 1 Domingo Faustino Sarmiento comenzaron a juntar libros para alcanzar ese objetivo, pero tropezaron con una dificultad que entonces no pudieron superar: la falta de un local. Los textos quedaron así en custodia en el edificio de calle 18 y la avenida del Valle sur, después Uriburu y hoy Favaloro.

En 1923 fue retomada la iniciativa por los mismos docentes más otros con una mejor respuesta porque lograron fundar la Biblioteca Pública Pablo Antonio Pizzurno, cuya fecha oficial de fundación es el 13 de marzo del ´24 cuando se le otorgó la personería jurídica a esa flamante entidad. Hoy, con 94 años, es una de las más antiguas de la ciudad, además de la función cultural que cumple. En ese sentido, la más importante de Balcarce.

Aquel indudable avance en nuestro quehacer histórico tuvo pues en la Escuela No. 1 el escenario donde se gestó ese proyecto que  respondió seguramente a una necesidad de esa época en la vida de la población. Ha seguido en el personal directivo y docente que se desempeñaban en esas aulas el interés por ese fomento, porque en 1936 quedó inaugurada una sala de lectura. Ese dato ha quedado

registrado en el archivo del establecimiento.

También en esa páginas se lee que hace casi 40 años –en 1979- ocupó el cargo de bibliotecaria la primera docente con ese título:

Elda Dama. Este servicio es brindado en la que se denomina Biblioteca Escolar Pública No. 29, se señaló en la Escuela en estos días a La Vanguardia. Además se indicó que creciendo en la cantidad de libros, hoy cuenta con más de 15.000 textos con una permanente visita y consulta de alumnos. Su actividad comprende la utilización del soporte audiovisual, la proyección de películas y documentales, más la realización de talleres.

Otras bibliotecas funcionan en las escuelas números 2 José de San Martín, 3 Marcos Sastre, 4 Bernardino Rivadavia, 6 José B. Cereijo, 8 Manuel Belgrano, 9 Hipólito Yrigoyen , 13 Independencia Nacional y 45 Gendarmería Nacional. Por otra parte, según el resultado de un relevamiento institucional llevado a cabo en 2008, funcionaban más de 7.500 establecimientos de enseñanza en el país con esa prestación a chicos, docentes y vecinos.

SARMIENTO Y AVELLANEDA

La indudable relevancia de las bibliotecas populares comienza en la historia argentina en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento

( 1968-1974), quien con su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, fueron los autores del proyecto de  creación del Consejo Protector que el Congreso Nacional sancionó el 23 de setiembre de 1870. Catorce años más adelante nació la ley 1420 de educación común, obligatoria, gratuita y laica.

Historiadores han apuntado que en los orígenes de las bibliotecas populares fueron también importantes los inmigrantes. La primera fue creada en 1866 en San Juan, precisamente la provincia de Sarmiento: “bajo su iniciativa y la contribución de otro conjunto de personas se conformó su acervo”, destaca la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Este organismo, con sus 148 años de trayectoria apuntados, depende de la Secretaría de Cultura de la Nación.

En los últimos años medios de comunicación de distintas ciudades de la provincia han venido informando sobre la situación por la que atravesaban bibliotecas. En julio pasado administradores de esas entidades denunciaron que el gobierno de la provincia adeudaba hasta tres meses del pago de subsidios previstos por ley. En ese sentido el secretario de la Federación que las agrupa, Luis Zurueta, apuntó que la situación era “crítica” y que en los últimos dos años habían cerrado sus puertas unas 70, de las 500 que había en el territorio bonaerense.

Esa falta de recursos afecta –obviamente- el funcionamiento en cuanto a los gastos corrientes, los costos que se deben cubrir ante los incrementos en las tarifas de servicios, y los referidos al pago de haberes al personal que se desempeña en las entidades. Como ocurre con cualquier pequeña o mediana empresa.