El uso y abuso de las redes sociales parecía hasta ahora un campo sin reglas ni normas visibles. Generalizando, pero sin exagerar, se puede afirmar que en internet y las redes sociales hay contenidos que pueden ser peligrosos para quienes desconocen o subestiman sus posibilidades de uso y los riesgos a los que puede llevar. Ante la difusión cada vez más habitual de fotos, videos o secretos íntimos que se esparcen como reguero de pólvora en espacios no regulados, resulta casi imposible lograr un control de hechos donde generalmente existen víctimas y victimarios. Esta semana sucedió un hecho en Balcarce que, coinciden las fuentes consultadas por La Vanguardia, no tiene antecedentes desde el punto de vista de la intervención de la justicia para frenar lo que podría constituir lo que comúnmente se define como un delito informático que afecta la intimidad de las personas, en este caso una menor. Esta vez, la víctima fue una menor de 16 años cuya fotografía –en la que está semidesnuda- fue subida a las redes sociales –a través de mensajes personales entre usuarios- y más tarde esa misma foto fue parte de una pegatina que se realizó en algunas calles céntricas de la ciudad afectando la intimidad de una chica adolecente que de repente se vio frente a una situación que no podía frenar.  Según le contó su mamá a La Vanguardia, su hija era hostigada por otro grupo de chicas que hasta llegaron a golpearla y amenazarla en un boliche de la avenida Chaves, lo que derivó días después en una fuerte discusión entre la madre de la víctima y la mamá de la supuesta agresora -hecho que a su vez que terminó con una camioneta Ford Eco Sport que estaba en la vía pública –propiedad del padre de la víctima- con los vidrios destruidos. En ese contexto, y habiendo ya dos denuncias de por medio,  la que correspondía a las fotos y a la pegatina que se efectuó después y el ataque a la camioneta, la jueza de Garantías, la doctora Lucrecia Bustos, a instancias del fiscal Walter Martínez Soto, del Departamento Judicial Mar del Plata, ordenó cuatro allanamientos que se realizaron con discreción –por tratarse de una causa donde está involucrada una menor- durante el último fin de semana y donde la policía secuestró en tres de las cuatro viviendas que allanó material tecnológico, como pen drive, cámaras, una computadora y demás elementos informáticos. El fiscal que entiende en la causa entendió que, de persistir esta acción deliberada de subir a las redes sociales material no autorizado,  se está afectando la intimidad de quienes, de repente, se ven expuestos a  millones de miradas de curiosos desconocidos que pululan en estos ámbitos. Lo que buscó evitar la justicia –y específicamente la intervención del fiscal- es que esas fotos no se reproduzcan en internet y garantizar así los derechos de la menor y su familia.

El informe completo en la edición impresa de La Vanguardia.