El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis por la caída de Ueno Bank, y el vicepresidente, Pedro Alliana, es el elegido para hacerse cargo del Poder Ejecutivo y completar el mandato, que vence en agosto de 2028.

La dimisión se produjo cuando la Cámara de Diputados trataba el juicio político contra el mandatario y el propio Alliana. Si bien el proceso al vicepresidente fue rechazado por 48 votos contra 30, el proceso contra Peña sigue en curso y este viernes debe comparecer, aún como presidente, ante el pleno del Senado. Queda por resolver si se atiende a su pedido de prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Si bien mantiene el cargo, el consenso absoluto del parlamento -al menos hasta el jueves- era avanzar en la destitución de Peña, ya sea vía renuncia o por el proceso judicial. La diferencia entre las dos cosas pasa en parte por el futuro del presidente: una renuncia le permitía conservar un ingreso como senador vitalicio, lo que la oposición rechazó de plano, mientras que el juicio político le quitaría ese privilegio.

Qué prevé la Constitución

Con la salida de Peña, el vicepresidente debe asumir la presidencia y, ante la vacante en su puesto, el Senado debe elegir a uno de sus miembros para ocuparla, aunque el Partido Colorado considera que puede tomar el cargo “cualquier ciudadano”. Según Rodolfo Friedmann, directivo de la fuerza política, el elegido sería Antonio “Tony” Barrios.

Si faltaran tanto el presidente como su vice, según una interpretación de la Corte Suprema de 1999, el máximo cargo pasaría al presidente del Senado, luego al de Diputados y después al de la Corte, y el sucesor completaría el período sin elecciones presidenciales.

La negociación entre Cartes y Alliana

La sucesión se negoció este jueves. El ex presidente Horacio Cartes, que preside la Asociación Nacional Republicana (el Partido Colorado) y lidera su sector mayoritario, Honor Colorado, se reunió con Alliana en la sede de la Junta de Gobierno del partido, tras más de un mes de distanciamiento por el quiebre del sector y las diferencias sobre la dupla presidencial del oficialismo. Fuentes partidarias citadas por ABC Color dijeron que planificaban la sucesión.

Horas antes, Cartes había anunciado en un comunicado que acompañaba el juicio político a Peña. “No estaremos de lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, señaló.

Su apoyo era clave: el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras y la oposición necesitaba sus votos para alcanzar el quórum de 41 de los 80 diputados. Alliana, que había puesto en pausa su precandidatura presidencial, se declaró dispuesto a apoyar a Peña.

El juicio político

El pedido, presentado el miércoles por 35 legisladores opositores y disidentes colorados, apuntaba también a Alliana, a quien acusa de blindar legislativamente la crisis y de no actuar ante las alertas.

Tras la renuncia de Peña, la Cámara archivó el caso de Alliana, pero decidió rechazar la de Peña y continuar el proceso.

Para destituir a un mandatario hacen falta dos tercios en Diputados y 30 de los 45 votos en el Senado.

La crisis de Ueno Bank

El martes, el Banco Central inició la resolución de Ueno Bank, un banco digital con unos 2,9 millones de clientes, después de que su índice de solvencia cayera a alrededor de 6%, la mitad del mínimo legal del 12%. Los depósitos quedaron inaccesibles por al menos 15 días. El Banco Central había detectado en junio indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlante, y la Fiscalía abrió una causa penal por presunta lesión de confianza. Ocho directivos fueron detenidos.

Unos 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social, el sistema jubilatorio, quedaron inmovilizados, con depósitos vinculados a unos 32.000 jubilados. El Fondo de Garantía cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares) por depositante.

La responsabilidad de Peña

Peña fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado dueño del banco, hasta abril de 2025. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central desde 2023, había presidido la Financiera Ueno, antecesora del banco. La acusación opositora sostiene que Peña incurrió en conflicto de intereses, designó a Carvallo y toleró que el Instituto de Previsión Social concentrara fondos en el banco por encima de los límites. Son acusaciones, no hechos probados: un académico consultado por El Comercio dijo que no hay indicios de que Peña haya favorecido al banco. Peña pidió la renuncia de Carvallo y anunció una ley para acelerar la devolución de depósitos.