A través de un comunicado oficial, Presidencia alertó sobre la actividad aérea detectada entre las Islas y Punta Arenas, y advirtió que iniciará un procedimiento para imponer sanciones contra el Reino Unido
El Gobierno argentino denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. Además, anunció que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones para la explotación de hidrocarburos en el proyecto “Sea Lion” y anunció que comenzará con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de que se detectaran operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso.
Se trató de una delegación de empresarios ingleses provenientes de las islas que participaron de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo era avanzar sobre la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo remarcó que Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán con este proceso con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.
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