Los carteles de esta marcha dicen los nombres de Agostina y Dulce, pero también los de otras víctimas de femicidio asesinadas durante los últimos años en la Argentina. Son algunas de las más de 3.000 mujeres que fueron víctimas de la forma más extrema de la violencia de género desde 2015 a esta parte. 

También mencionan el hartazgo, el cansancio, el miedo en la calle, la disponibilidad de miles de mujeres para seguir pasándose los pueblos que hagan falta hasta que la violencia contra ellas deje de ser sistemática. 

Un grupo de ocho amigas se disuelve en la esquina de Paraná y Bartolomé Mitre. Cada una va a su colectivo, a su estación de subte o a caminar algunas cuadras. 

“Avisen cuando lleguen”, dice una. Esa línea, tan habitual para las mujeres, condensa los peligros latentes. Que estaban ahí en 2015, y que siguen acá. 

El colectivo Ni Una Menos leyó este miércoles, ante la multitud reunida frente al Congreso de la Nación, un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género, a once años de la primera marcha originada por el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe. 

El texto arranca con los tres femicidios que motivaron la convocatoria de este año. El más reciente, el de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, ocupa el centro de las demandas institucionales: el documento exige la renuncia del ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes responsabiliza de “la desidia organizada del poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”. A ese caso se suman el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero, en Temperley, provincia de Buenos Aires.