La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA al juzgado federal de Campana y resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

El futuro del caso será resuelto así por este Tribunal de Apelaciones intermedio, decidió por mayoría la sala I de Casación, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín que en enero pasado envió el expediente al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. El magistrado seguirá al frente de la pesquisa hasta que haya una nueva decisión judicial que podría confirmarlo en la causa o bien dar la razón a la fiscalía y devolver el expediente al fuero en lo penal económico en CABA.

Se trata de una disputa clave que podría cambiar otra vez de manos la investigación, que va por su tercer juez desde que se presentó la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

Si se resolviera la vuelta del caso al fuero en lo penal económico quedaría en manos de otra magistrada, María Verónica Straccia, quien reemplazó a su colega Marcelo Aguinsky en la subrogancia del juzgado 10 del fuero, que está vacante y donde estaba radicada la investigación.