“Señores jueces, es el momento, es corrupción o justicia”, dijo el fiscal Diego Luciani en 2022 cuando cerró las nueve jornadas de alegatos. Meses después, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio lectura a la sentencia de juicio: Cristina Kirchner se convirtió, en ese momento, en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder en recibir una condena por corrupción. La condena dictada el 6 de febrero de 2022 es de cumplimiento efectivo desde este martes tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Pero hay una condena que se suma a los a los seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y en este caso es económica. Tras el fallo de la Corte, la ex presidenta y los otros condenados deberán devolver $ 85.000 millones que le robaron al Estado nacional.

Además de Cristina, aparecen en la devolución de esa cifra aparecen Lazaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Los fundamentos de la condena subrayaron la "certeza" del Tribunal respecto a que "mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

En otros términos, los magistrados indicaron que ex funcionarios de Vialidad nacional como de la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.

Sobre esta argumentación se hizo la siguiente aclaración: el móvil que daba sentido a tan compleja maniobra era el beneficio que de ella obtenía, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”. Para los magistrados, los “incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”.

La sentencia de cumplimiento efectivo refiere a una “notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. La irregularidades corroboradas incluyen: circuitos exclusivos de pagos para el Grupo Austral, procesos licitatorios amañados, pagos por avances de obra inexistentes, sobrecostos en los contratos, información privilegiada de los concursos públicos, omisión de los controles sobre el holding, entre otros.