En la reforma se anunció que se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso a la Argentina o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. "Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo atacando los instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país", detalló.

Agregó que tampoco podrán ingresar quienes presenten documentación apócrifa o cuando "se sospeche" que el motivo de su ingreso es distinto al que declaró al hacer el trámite migratorio. El proyecto prevé penas de prisión para los que violen la prohibición de reingresar al país.

“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, aseveró.

Al ser consultado sobre los motivos que impulsan estas medidas, Adorni respondió que el objetivo es que "el residente argentino esté por encima de los no residentes. Poner al servicio la salud de un extranjero que viene a sacarle recursos a un argentino es bastante poco justo".