China consolidó una influencia más profunda y menos visible en América Latina al pasar de los megaproyectos a contratos locales de seguridad, energía, transporte y litio, una estrategia que, según Foreign Affairs, reduce costos, evita el escrutinio político y crea dependencias difíciles de revertir para gobiernos municipales, provinciales y nacionales. 

La magnitud del cambio aparece en los números. Los préstamos tradicionales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para la región cayeron de casi USD 25 mil millones en 2010 a un promedio anual de USD 1.300 millones, pero las empresas chinas todavía invirtieron USD 8.500 millones en América Latina en 2024, apenas un 10% menos que el año anterior. 

La diferencia, explicó la publicación, es que ese dinero ya no fluye principalmente como crédito soberano para represas, puertos o ferrocarriles, sino como compras de activos existentes, ventas de equipos, programas de capacitación, donaciones y contratos de mantenimiento. Ese formato suele pasar más inadvertido porque muchas de esas operaciones no aparecen en las estadísticas convencionales de inversión y, a veces, quedan cubiertas por cláusulas de confidencialidad. 

Durante gran parte de la década de 2010, Beijing apostó por obras de gran escala en América Latina: puertos, represas y hasta un ferrocarril transcontinental pensado para unir la costa pacífica de Perú con el Atlántico brasileño. Ese plan buscaba asegurar materias primas, abrir mercados para compañías chinas y traducir peso económico en alineamiento diplomático, incluido el cambio de reconocimiento de Taiwán hacia China continental. 

A comienzos de la década de 2020, ese enfoque cambió. De acuerdo con Foreign Affairs, las grandes obras se volvieron más costosas para una economía china bajo presión y también más expuestas al rechazo geopolítico, por lo que Beijing empezó a privilegiar iniciativas que define como “pequeñas pero hermosas”, con presencia física menor y dirigidas a sistemas nacionales y subnacionales más acotados. 

Ese viraje ya se ve en varios sectores. Firmas chinas desarrollan proyectos de litio en provincias argentinas, operan todos los distribuidores eléctricos que abastecen a Lima y suministran equipos policiales y sistemas de videovigilancia a municipios de distintos países de la región. 

La lógica es acumulativa. Un contrato municipal por cámaras, un memorando provincial o un acuerdo de mantenimiento pueden parecer decisiones aisladas, pero juntos crean una infraestructura de dependencia que luego Beijing puede integrar en acuerdos formales de cooperación con los Estados. 

En la provincia argentina de Jujuy, por ejemplo, un intercambio técnico entre agencias geológicas de ambos países derivó en una asociación estatal explícita para estudiar salares de la provincia. Más tarde, una empresa china tomó una participación mayoritaria en un proyecto local de litio. 

Seguridad, vigilancia y entrenamiento 

Uno de los espacios donde ese avance resulta más visible es la seguridad interna. América Latina tiene una tasa de homicidios de alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, tres veces el promedio mundial, y esa presión empuja a muchos dirigentes a buscar soluciones rápidas frente a la violencia de carteles y pandillas, el robo de cargas y los ataques informáticos. 

China se presentó allí como proveedor accesible. Los primeros pasos suelen ser modestos: equipos antidisturbios donados, vehículos blindados para las fuerzas armadas de Bolivia o motocicletas para policías del Caribe. Después llegan sistemas más complejos. 

En abril de 2025, el gobernador de Río de Janeiro viajó a China y firmó acuerdos con Hikvision y Dahua por más de 27.000 cámaras corporales y vehiculares. En Ciudad Juárez, autoridades locales compraron 1.000 cámaras de reconocimiento facial a las mismas compañías, que entonces figuraban en la lista de proveedores prohibidos de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.