Durante una conferencia de prensa, el mandatario bonaerense se refirió al falle de la jueza barrial estadounidense, Loreta Preska, que este lunes ordenó al Estado argentino transferir acciones de YPF al fondo Bainbridge, como parte del cumplimiento de una sentencia, aunque no directamente vinculada con la expropiación de la petrolera.

En tanto, el gobierno nacional, por su parte, apuntó contra Kicillof, que era ministro de Economía en 2012 cuando se concretó la estatización de YPF bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En su contacto con la prensa, Kicillof defendió la decisión de recuperar el control estatal de la petrolera: “Se trató de una medida necesaria, en un contexto en el que Repsol había generado una fuerte caída en la producción y reservas, causando crisis energética y pérdida de divisas”. Además, remarcó que la ley de expropiación fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

El gobernador alertó que la actitud del presidente es “contradictoria y riesgosa”, ya que, mientras asegura que apelará el fallo, también responsabiliza a la gestión anterior, lo que —según Kicillof— debilita la posición del país ante la Justicia internacional. “Es muy grave que quien debe defender los intereses nacionales coincida con los argumentos de quienes litigan contra la Argentina”, señaló.

Kicillof también cuestionó la validez legal del fallo emitido en Nueva York, al considerar que se trata de una decisión “fuera de jurisdicción” que pasa por encima de las leyes y la Constitución argentina. “Las acciones de YPF sólo pueden ser transferidas por una ley del Congreso aprobada por dos tercios, como estableció la norma votada en 2012”, recordó.

Además, puso el foco en los vínculos entre el Gobierno actual y los fondos buitre: “Existen indicios de conexiones entre representantes del oficialismo y los litigantes, y eso debe ser investigado”, advirtió.

Para el mandatario provincial, lo que está en juego no es sólo la propiedad de la petrolera, sino también el futuro del desarrollo energético del país: “Poner en duda la propiedad estatal de YPF amenaza el superávit comercial energético que se logró a partir de Vaca Muerta”, concluyó.

Estuvieron presentes acompañando al gobernador, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. (InfoGEI)Jd