El fiscal Abel Córdoba dictaminó este martes que Lázaro Báez debe volver a prisión a cumplir su condena en la causa conocida como ruta del dinero K, luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó su pena.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, sostiene el dictamen fiscal.

En el mismo dictamen, Córdoba entendió que Martín Báez, hijo de Lázaro y otro condenado en la causa, no deberá volver a prisión, ya que oportunamente se le concedió la excarcelación y se encuentra con libertad condicional.

La semana pasada, Báez fue condenado por el delito de “lavado de activos agravado” de US$55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y de Eduardo Castro, todos condenados en la misma causa.

Hasta este momento, no había definiciones sobre si Báez debía volver a prisión o no. Su defensa ya había solicitado que el condenado siga bajo el régimen de arresto domiciliario por haber pasado 9 años preso.

La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.

El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.

Tres años después, la causa se reactivó con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes.

El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.