La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos que investiga si la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, fue comprada por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe salir del fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires y volver al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.

El máximo tribunal penal federal del país estableció que la investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural “y de una buena y pronta administración de justicia”. Ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita otra vez al juzgado federal “de oportuna y previa intervención”, es decir, el de Campana a cargo de González Charvay.

La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con disidencia de Alejandro Slokar, quien se pronunció por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales -no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal- aunque coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al penal económico.

La investigación por presunto lavado de dinero vinculada a esa propiedad de Pilar y otros bienes de lujo corresponde así al ámbito de la Justicia Federal, según el fallo de 83 carillas al que tuvo acceso Infobae.

La sentencia se firmó luego de una audiencia en la cual el miércoles pasado los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, el abogado de los acusados y supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quien reclamó que el caso vuelva al juzgado de Campana por una cuestión territorial, porque la propiedad eje del supuesto delito está en esa jurisdicción. La fiscalía a cargo de Mario Villar se opuso al sostener que la causa es más amplia y abarca hechos que se originaron en la ciudad de Buenos Aires.

El mes pasado por orden de la Cámara en lo Penal Económico, González Charvay giró la causa al juzgado en lo penal económico 10 de CABA, subrogado por Verónica Straccia. La magistrada delegó la pesquisa en la fiscalía de Claudio Navas Rial. Ahora el expediente hará el camino de vuelta a Campana por orden de Casación.

Los jueces de este último tribunal resolvieron que por la naturaleza de la investigación se configuraría, en principio, el delito de lavado de activos que es competencia de la Justicia Federal y no de la Penal Económico.

En la sentencia se remarcó que lo resuelto no implica, “de modo alguno, retrotraer la pesquisa a etapas ya superadas”, demorar el curso de la investigación, “desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción”.