El Gobierno dispuso ayer la expulsión del principal funcionario diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.

El encargado de negocios iraní tiene menos de 48 horas para dejar el país. Como antecedente inmediato, solo por citar un ejemplo, una medida similar en cuanto a las relaciones diplomáticas tuvo lugar en 2023, cuando la administración de Alberto Fernández expulsó al embajador de Ecuador, Xavier Alfonso Monge Yoder, como respuesta exacta a la decisión ejecutada en aquel entones por el presidente Guillermo Lasso, que declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fucks, y le exigió que abandone Quito en un plazo máximo de 72 horas.

En cuanto al conflicto Argentina-Irán, comenzó a escalar en las últimas semanas, luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.