La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) dio detalles de la “profunda reforma” que decidió encarar, junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, para “modernizar el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”, indicó la dependencia agropecuaria.

Según la SAGYP, durante décadas la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas.

Por eso, para ponerlas en orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente, relacionada con el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

“De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola, se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, precisó la Secretaría.

La SAGYP precisó que el INV, a partir de ahora, mantendrá sus funciones relacionadas con la inocuidad de los vinos y las certificaciones de exportación.

Sin embargo, se redefine su rol en varios aspectos. Por ejemplo, dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados.

Este cambio -aseguró- responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad.

“Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año”, continuó.

Asimismo, se elimina la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

“Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino”, agregaron desde la SAGYP.

Y cerraron: “Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina”.