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´Mi evolución patrimonial es legítima´

Con una maniobra contrarreloj, Cristina intenta frenar el decomiso de sus bienes

Redacción Vanguardia

La defensa de la ex presidenta cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado, de U$D 537 millones.

A través de dos escritos dirigidos a la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, respondió a la intimación del juez federal Jorge Gorini para el pago del decomiso en el caso Vialidad. La suma que todos los condenados deben afrontar de forma solidaria asciende a 537 millones de dólares. Pero la ex presidenta dijo “no tengo bienes” para hacer frente a esa cifra, además de discutir el cálculo del dinero reclamado por la Justicia. “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, aseguró.

En la presentación realizada por su defensa, la ex presidenta busca frenar cualquier ejecución patrimonial que se realice en el marco de la causa Vialidad donde se la condenó a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Entre otras objeciones, sostiene que el Tribunal no es competente y que el decomiso se debe tramitar en el fuero civil y comercial, por lo cual exige la suspensión del proceso de decomiso.

 Cristina Kirchner tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al decomiso del caso Vialidad junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás acusados. La cifra fue la avalada por el juez Gorini después de los informes periciales presentados por los profesionales de la Corte Suprema, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte.

La cifra avalada por el Tribunal fue de US$ 537 millones y se explicó que la misma es resultado de “gravísimos hechos de corrupción”.

Ante esa cifra, la ex presidenta dijo que no tiene patrimonio para afrontar el dinero que le reclaman, ya que lo que posee no es producido del delito investigado. A ese argumento le añade otro cuestionamiento, el monto exigido es fruto de una cuenta que “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

Sobre la relación del patrimonio y el delito de administración fraudulenta, la ex Presidenta dijo: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

En otras palabras, añadió: “no tengo bienes que sirvan a esos fines” y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

Lejos de ello, continuó detallando Cristina Kirchner, “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima. Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.

En la última declaración jurada presentada en 2023 ante la Oficina Anticorrupción, Cristina indicó que la mayor parte de su patrimonio ($170 millones) se encuentra invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.

Además, informó que posee cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido modelo 2023. En esa declaración no informó ningún inmueble propio y si consignó que cobra derechos de usufructo por dos propiedades cuya titularidad cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016.

Paralelamente, según un listado efectuado meses atrás por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el patrimonio de la ex presidenta se compone principalmente de dinero en efectivo, plazos fijos, y cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

En cuanto a los inmuebles, el mismo relevamiento menciona dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta (uno es el de la calle Uruguay, donde la ex presidenta vivió hasta el atentato que sufrió en septiembre de 2022) y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, todos los cuáles fueron cedidos a sus hijos para sortear futuros embargos judiciales.

Sin embargo, pese a la posición de la ex presidenta de que no pueden ser decomisados bienes que no están bajo su titularidad, en algunos despachos de Comodoro Py interpretan que la cesión de inmuebles a Máximo y Florencia por tratarse de una herencia a titulo gratuito, puede ser objetado y, por lo tanto, sería plausible de ser alcanzado por un decomiso o embargo.

 

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