El diagnóstico fue presentado ante legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) por Ariel Angeli, responsable de Investigación y Desarrollo de CREA.

Durante su exposición, el especialista remarcó que las retenciones generan distorsiones de precios, desalientan la producción y comprometen a largo plazo tanto a las empresas del sector como al conjunto de la economía.

Para la campaña 2025/26, CREA proyecta un panorama especialmente crítico, con datos preocupantes sobre la próxima campaña.

Con los precios internacionales actuales y las retenciones anteriores al ajuste, cerca del 39% de la superficie dedicada a la soja de primera ya no cubriría los costos de producción.

Con la alícuota actual del 33% (antes era del 26%), el 80% de las tierras destinadas a este cultivo dejarían de ser rentables.

En el caso del maíz, otro cultivo clave, el panorama también se agrava. Si bien con las condiciones actuales la mitad del área sembrada seguiría siendo viable, el aumento del derecho de exportación al 12% (desde el 9,5%) reduciría esa proporción al 39%.

Por su parte, la combinación trigo/soja de segunda se volvería inviable en el 87% de su superficie potencial.

Caída de los precios internacionales

Angeli indicó además que la caída reciente en los precios internacionales ha profundizado aún más el problema, sobre todo en zonas alejadas de los puertos o con condiciones productivas menos favorables.

Más allá de la reducción de áreas sembradas, CREA subrayó cómo las retenciones afectan directamente las decisiones de inversión tecnológica. Existe una relación directa entre el precio que recibe el productor y la cantidad de insumos, como fertilizantes, que decide aplicar.

Los intereses del sector

Según sus cálculos, si se eliminaran los derechos de exportación, el precio interno de los granos podría aumentar un 12%, lo que estimularía un incremento del 6% en el uso de fertilizantes. Esto redundaría en una suba del 2% en la producción de maíz y del 2,7% en la de trigo, generando exportaciones adicionales por más de 300 millones de dólares.

Angeli cerró su exposición destacando que, aunque entiende la necesidad del Gobierno de generar ingresos fiscales, es esencial considerar el impacto que tienen las retenciones sobre la capacidad del campo de producir, invertir y generar valor agregado.  Según su visión, estos impuestos frenan la incorporación de tecnología y limitan el desarrollo del potencial agroindustrial. (InfoGEI)Jd